Javier Gallegos Barrientos, Mónica Guillén Tuanama y otros familiares seguirán en el radar del sistema judicial por una investigación por lavado de activos que la Corte Suprema de Justicia de la República dejó abierta tras declarar fundado la queja interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos.
El abogado, Leonel Falcón Guerra, recordó que el fiscal Alioska Yuri Antezano Loayza inicialmente formalizó la acusación contra Gallegos Barrientos y otros por el citado delito, pero en el 2018 solicitó el sobreseimiento.
El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández Tapia, aceptó la solicitud y ordenó el archivamiento del caso. Este juez con el correr de los años, sería destituido del Poder Judicial por inconducta funcional.
La Procuraduría apeló el fallo y llegó a la Primera Sala Superior de Apelaciones de Ica, integrado por los jueces Osmar Albujar de la Roca, Florencio Jara Peña y Rafael Salazar Peñaloza. Los dos primeros se inhibieron de ver caso por tener familiares trabajando en el Gobierno Regional de Ica.
Según Falcón Guerra, la sala tenía que ser reconformada para analizar el expediente Gallegos. Salazar Pelañoza quedó presidiendo la sala y se convocó a los jueces de investigación preparatoria, Héctor Añanca Rojas y Roxana Zavala.
El ahora presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Salazar Peñaloza y Zavala, votaron a favor de que el caso sea archivado. En tanto, Añanca Rojas, votó en contra del sobreseimiento.
Casación en Lima
La Procuraduría acudió en casación para seguir con la investigación y en la calificación fue desestimada por los mismos jueces de esta sala superior.
La última medida fue interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la República, que el 9 de diciembre del año pasado emitió el fallo y que recién este fin de semana se hizo público.
El recurso de queja Nº 463-2020/Ica fue declarada fundada porque “cumplió con los requisitos” y que las “hipotésis acusatorias están en función a la cantidad de bienes adquiridos y a la utilización de testaferros”.
El voto singular de Añanca Rojas, fue crucial para que sea aceptada la queja.
El abogado Falcón Guerra explicó que los jueces supremos han ordenado que todo el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la República y se analice el tema de fondo.