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Nasca: Denuncian mal manejo del presupuesto COVID

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica dispuso ampliar el plazo de la carpeta por 60 días, donde se investiga al gobernador regional y funcionarios

Redacción Diario Correo

Actualizado el 19/10/2021, 08:00 a.m.

La fiscal Rosalyn Zúñiga López, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, dispuso ampliar el plazo por 60 días, para la actuación de diligencias preliminares en los actuados contra Javier Gallegos en su condición de presidente del Gobierno Regional de Ica, Joel Rosales Pacheco en su condición de director del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola y los funcionarios Carlos Avalos Castillo, Óscar Misaray García y Marcos Cabrera Pimentel, por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio.

La denuncia penal interpuesta por el presidente del Frente de Defensa de Nasca, Juan Prieto Calderón, también comprende contra aquellos que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos en su forma de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y delitos cometidos por particulares en su forma de usurpación de funciones.

Ampliación

Trascendió que la ampliación se debe a que el plazo concedido a la carpeta fiscal esta por vencerse y aún no se ha recabado diligencias útiles y necesarias para el esclarecimiento de la investigación, solicitada por Prieto Calderón, quien responsabilizó a las autoridades de salud y funcionarios del pésimo manejo del presupuesto regional destinado a prevenir y enfrentar la pandemia durante el año 2020 y que ocasionaron una falta de atención con plantas de oxígeno a la población, aumentando por este motivo las estadísticas de decesos.

Citados

Los imputados han sido citados en compañía de sus abogados a fin de que declaren los hechos materia de investigación los días 27 y 28 de octubre, bajo apercibimiento de ser conducidos con apoyo de la fuerza pública en caso de inconcurrencia injustificada. Igualmente tendrán que hacerlo Jorge Hernández Velarde de la Defensoría del Pueblo, y Julio Torres Chang, decano del Colegio Médico de Ica, como testigos.

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