Un hombre de 32 años, identificado con las iniciales C.F.P.G., denunció haber sido víctima de violación sexual por parte de dos compañeros de trabajo en un campamento de obra el pasado 1 de octubre de 2024. Según su relato, la agresión ocurrió en el campamento de una obra de la empresa Constructora e Inmobiliaria Emanuel & Luciano, ubicado cerca del mirador de las líneas de Nasca. El ataque habría tenido lugar entre la medianoche y las 6 de la mañana.

Injusticia alarmante

Tras presentar la denuncia formal, las autoridades de Nasca, en coordinación con la División Regional de Inteligencia del Frente Policial de Ica, lograron detener a los presuntos responsables: Benicno Huaripaucar Fernández, de 39 años, y Omar Antonio Hernández Ascama, de 29 años.

En su declaración, C.F.P.G. afirmó que, la noche del incidente, sus agresores se encontraban bebiendo pisco en un módulo provisional. Le ofrecieron unirse, pero él se negó porque no los conocía bien. Luego se fue a dormir en un camarote. Según su testimonio, no recuerda nada más hasta que despertó al día siguiente, sintiéndose “extraño” y con los pantalones abajo. Fue entonces cuando acudió al maestro de obras para contarle sus sospechas, y una frase del mismo le confirmó sus temores de haber sido violentado.

A pesar de que el certificado médico legal arrojó signos de acto anal, los detenidos fueron liberados el mismo día por orden del fiscal Jaime Nicolás Cruz Pacsi. Esta decisión ha generado una ola de críticas hacia el sistema judicial y preocupación en la víctima, quien teme por su vida. C.F.P.G. asegura que ha visto motocicletas rondando su domicilio en horas de la noche, lo que aumenta su miedo de sufrir represalias por haber denunciado el ataque.

El denunciante expresó su frustración con la justicia y señaló que su caso evidencia las deficiencias del sistema frente a delitos de esta gravedad. A pesar del riesgo que enfrenta, decidió hacer pública su historia para exigir justicia y alertar sobre las posibles amenazas que enfrenta. Además, condenó la falta de acción y protección por parte de las autoridades encargadas del caso.

Finalmente, C.F.P.G. hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que investigue las condiciones precarias en las que los trabajadores de la obra se encontraban, lo que habría facilitado el ambiente en el que ocurrió la agresión. También solicitó el apoyo de la Fiscalía para asegurar que los responsables no queden en libertad, cuestionando la liberación de los sospechosos a pesar de las pruebas presentadas.

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