Ica: Nueve meses de prisión preventiva para catedrático por cobrar a alumnos
Ica: Nueve meses de prisión preventiva para catedrático por cobrar a alumnos

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Dr. Miguel Ángel Chirinos Díaz, declaró fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva para Wilfredo Aronés Altamirano, docente de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

El pedido fue hecho por el Ministerio Público en la investigado por el delito de cohecho, tipificado como corrupción por soborno en agravio del Estado peruano.

Ayer, a las 14:00 horas, inició la audiencia, donde la representante del Ministerio Público sustentó los elementos de convicción contra el servidor público.

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. Uno de los elementos graves y fundados fue el hallazgo de los billetes -antes fotocopiados- entre las pertenencias de catedrático. También los audios y vídeos donde se relacionan los alumnos con el docente y pactan la entrega de 150 soles por cada uno para la aprobación del curso de Botánica.

Además, la Fiscalía consideró que el imputado no tiene arraigo domiciliario en Ica, ni arraigo familiar, lo que podría representar el peligro procesal de fuga. También sustentó el posible peligro de obtaculización en caso quede en libertad.

La Fiscalía dijo que, de quedar en comparecencia, podría interferir en los denunciantes para que cambien su versión, situación que obstaculizaría las investigaciones.

Para el juez, el elemento de convicción que hizo resolver fundado el pedido de prisión preventiva fue el material audiovisual presentado por el Ministerio Público. Las imágenes muestran al denunciado cometiendo el delito. El juez también hizo mención de los audios que relacionan a los alumnos y al investigado.

Sin embargo, la defensa del acusado tuvo a bien presentar documentos de arraigo domiciliario, y de los hijos y familia del catedrático, lo que imposibilitaría la forma de huir de la ciudad y por ende del proceso de investigación.

Además solicitaron peritaje fonético para el reconocimiento de los audios y certificar si corresponde al procesado.

Además de los agravantes, el juez también citó los elementos atenuantes como la falta de antecedentes. Pero los graves hechos del delito hicieron que el juez decida declarar fundado el pedido de prisión preventiva. Otra de los elementos presentados fue la declaración de la testigo, quien certificó la acusación y detención en flagrante delito.

Tras la decisión del juez, la parte acusada apeló la disposición.

En tanto, el servidor público prefirió no emitir pronunciamiento.

PENA DE HASTA 8 AÑOS. Antes de emitir la respuesta, el juez Miguel Ángel Chirinos dijo que el delito de cohecho en funcionarios o servidores públicos, según la modalidad y forma de los agravantes, implica una pena no menor de 6 ni mayor de 8 años de prisión efectiva.

Agentes de la Policía Judicial custodiaban al imputado y luego lo trasladaron a la carceleta judicial.

Durante la audiencia estuvieron presentes algunos colegas catedráticos, quienes obstaculizaron e intentaron evitar que el docente sea fotografiado, al extremo de taparle la cara con papeles. También se pudo evidenciar la presencia de algunos familiares.

Los acompañantes se mostraban confiados en la apelación y pronta libertad en comparecencia.

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