Ica

​PJ sentencia a dos exfuncionarios por favorecer a consorcio del Hospital San José

Ana Yolanda Pérez Cortéz recibió cuatro años de prisión efectiva y su coprocesado, Miller Edú Vizcarra Román, se acogió a la terminación anticipada y evitó de ir a prisión. Poder Judicial los encontró responsables de aceptar cartas fianzas falsas a Coopex en obra de la nueva infraestructura del Hospital San José de Chincha
​PJ sentencia a dos exfuncionarios por favorecer a consorcio del Hospital San José

​PJ sentencia a dos exfuncionarios por favorecer a consorcio del Hospital San José

14 de Agosto del 2019 - 10:32 » Textos: H. Aldoradín » Fotos: Grupo Epensa

Dos exfuncionarios de la gestión del expresidente regional Alonso Navarro Cabanillas fueron sentenciados por las irregularidades advertidas en el proceso de licitación para construir la actual nueva infraestructura del Hospital San José de Chincha.

Ana Yolanda Pérez Cortéz y Miller Edú Vizcarra Román, fueron sentenciados por el delito de negociación incompatible por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ica, con la resolución N° 14 del pasado 15 de julio.

Vizcarra Román se acogió a la conclusión anticipada y recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida; en tanto, a su coprocesada se le impuso cuatro años y ochos meses de prisión efectiva. El fallo no fue aceptado por Pérez Cortéz que apeló y será alguna de las salas superiores, que presiden los jueces Elizabeth Quispe Mamani y Osmar Albújar de la Roca, que resolverán como una instancia superior.

Además, ambos procesados deberán cancelar la reparación civil ascendente a los 250 mil soles en un plazo de 12 meses, de lo contrario se realizará la ejecución forzada de los bienes. Vizcarra Román no está de acuerdo con el monto a pagar.

HECHOS. El 18 de febrero del 2011 se entregó la buena pro al consorcio Amín tras ser declarado ganador de la licitación pública N° 004-2010, convocada por el Gobierno Regional de Ica, para ejecutar la obra de “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital San José de Chincha”.

Según la investigación fiscal, la primera irregularidad advertida es la suscripción del contrato de forma extemporánea. Vizcarra Román, que desempeñaba el cargo de director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, remite el informe N° 161-2011 el 21 de marzo del 2011 a la directora general de la Oficina Regional de Administración, Pérez Cortéz, para que se realice una nueva notificación para la firma del contrato con el citado consorcio.

Al día siguiente, la funcionaria emite el oficio N° 167-2011 para notificar al consorcio Amín de la suscripción del contrato hasta el 1 de abril del 2011 como fecha límite. Para la firma, el postor ganador debía presentar obligatoriamente las constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, o cada uno de los consorciados, copia del DNI de la representante legal del consorcio, contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los consorciados, garantía de fiel cumplimiento, constancia de capacidad de libre contratación; entre otros.

El 23 de marzo del mismo año, el consorcio Amín fue notificado para la firma del contrato y el plazo de ocho días hábiles vencía el 4 de abril. Sin embargo, recién el 5 de abril del 2011, el representante legal del consorcio Amín presentó la documentación exigida para firmar el contrato.

Una revisión de la documentación permitió conocer que el consorcio Amín no presentó ni contaba con la totalidad de los documentos requeridos para la firma del contrato.

La investigación del Ministerio Público (MP) reveló que el contrato de consorcio entre las empresas Heymocol Ltda, A.R. Constructores Ltda y el consorcio Hispano SAC fue suscrito el 6 de abril del 2011. Dos días después de que venció el plazo para firmar el contrato, las tres empresas firmaron en la notaria Jorge Orihuela, el acuerdo de consorcio. Según el MP, hicieron creer a la comisión que los documentos fueron presentados el 31 de marzo.

Además, recién el 5 de abril la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex) emitió la carta fianza N° 01-050411-2011 de fiel cumplimiento, por un monto de tres millones 715 mil soles. El documento era prioritario para firmar el contrato.

En ese sentido, la fiscalía concluye que el consorcio Amín no presentó toda la documentación para la firma del contrato dentro del plazo que venció el 4 de abril. Era claro, que dicho consorcio perdía de manera automática la buena pro por el incumplimiento.

Sin embargo, Vizcarra Román dio el visto bueno de conformidad para la suscripción del contrato N° 06-2011 el 5 de abril.

EXTRANJEROS. Para la firma del contrato, el consorcio Amín debía presentar la habilitación de los profesionales propuestos que iban a trabajar en el proyecto. Revisando los documentos, se hallaron los certificados de habilidad de los profesionales de ingeniería emitidos por la República de Colombia.

Los citados documentos no corresponden a la habilitación emitida por el Colegio de Ingenieros del Perú, que les permite ejercer la profesión en el país. Tampoco adjuntaron un documento que acredite el inicio del trámite para la obtención del registro y habilidad ante dicho colegio.

El 23 de diciembre del 2014, el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú en Ica informó que los profesionales extranjeros no estaban registrados ni hicieron trámite ante dicho consejo.

Pese a ello, la fiscalía sostiene que Vizcarra Román permitió que el proceso continuara.

La presentación de la habilitación de los profesionales en ingeniería era obligatoria para la firma del contrato.

FALSA CARTA FIANZA. El 5 de abril del 2011, Coopex emitió la garantía de fiel cumplimiento a favor del consorcio Amín, por un valor superior a los tres millones de soles.

Coopex no se encontraba bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradores de Fondos de Pensiones (SBS); por lo tanto, dicha garantía no debía ser aceptada para la firma del contrato.

“Al tratarse de un proceso de contratación pública, la única y excluyente obligación existente para su aceptación era que la carta de garantía fuera emitida por instituciones bajo el ámbito de supervisión de la SBS o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría”, dice un extracto de la sustentación fiscal.

Pasando por alto la normativa establecida, Vizcarra Román y Pérez Cortéz, aceptaron la carta fianza emitida por Coopex.

INTERESES. El Ministerio Público atribuye a Vizcarra Román, “haberse interesado indebidamente en favorecer al consorcio ganador de la buena pro al dar la conformidad y permitir la suscripción del contrato N° 006-2011, pese a que el consorcio Amín no presentó la documentación requerida en el plazo previsto por la ley”.

A Ana Yolanda Pérez Cortéz, que ejerció el cargo de director de la Oficina Regional de Administración entre el 17 de enero y 25 de julio del 2011, se le atribuye “haberse interesado indebidamente en favorecer al consorcio”, entre otros por que el citado consorcio no presentó los certificados de habilidad de los profesionales ingenieros y aceptar la carta fianza de Coopex.

La sentenciada exfuncionaria se defendió a nivel de la fiscalía y señaló que “en ningún momento hubo un informe en contrario de que ese contrato tenía una observación. Fue visado por un principio de confianza”.

Las irregularidades advertidas estallaron y el consorcio Amín abandonó el proyecto, no sin antes exigir que le paguen por los trabajos realizados. Después de varios años, la obra fue concluida por la constructora Málaga Hnos.

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