Contra todo pronóstico, la protesta de los trabajadores de la agroexportación se extendió a tres días y obligó la presencia de las autoridades del Gobierno Central para encontrar una solución a sus reclamos. El descontento social explotó en el último día del mes de noviembre.
Con el amanecer todavía se reavivaba el fuego de la última llanta quemada la noche anterior en el sector del Álamo, en el ingreso al Cercado de Ica. Junto a ellos, un gran número de manifestantes despiertos ante una posible incursión policial. Muchos de ellos pasaron la noche.
Cuando se inició la protesta, solo entre el sector de Barrio Chino e Ica, la carretera Panamericana Sur había bloqueada en su totalidad. Con el correr de las horas, se notó una extensa fila de pesados vehículos varados. En el segundo día de la paralización, la toma de la vía se extendió al sur.
Los pobladores de San Rafael en Pueblo Nuevo, Lujaraja en Tate, Santiago y La Venta cerraron la carretera con piedras y quema de neumáticos. La noche anterior y parte de la madrugada del martes, los pasajeros que venían zona sur lograron llegar a Ica.
Pasado el medio día, arribaron a Ica la viceministra de políticas agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), María Isabel Remy junto al viceministro de Trabajo, José Luis Parodi a formar una reunión con los protestantes.
La citada fue en el auditorio Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, hasta donde llegaron los representantes de los trabajadores del campo en gran número.
La dirigenta de nombre Melisa que evitó dar sus apellidos por temor a represalias de las empresas agrícolas, exigió la eliminación del Régimen Laboral Especial Agrario, Ley Nº 27360 que fue ampliada en el 2019 por el Congreso de la República.
“Esa ley nos recorta de recibir gratificaciones de julio y diciembre, también nos dan 15 días de vacaciones, para ello, tenemos que suplicar o solicitar para que nos den”, comentó en la reunión con los representantes del Ejecutivo.
Añadió que en otros casos no acceden a los beneficios porque les contratan por tres meses y “los botan”. También sucede que son contratados por dos o tres semanas y no acceden a los beneficios sociales.
“No tenemos un salario justo. Ganamos 930 soles entre 30 días al mes, es 31 soles días. ¿Una canasta con 930 soles al mes podría alcanzar? No tenemos para dar educación a nuestros hijos”, remarcó.
“Pedimos la eliminación de las services, que el personal que entra el primer día sea ingresado a planilla con todos sus beneficios. Que cuando se le liquide el contrato que nos den una bonificación. (Actualmente) Cuando se termina el contrato no se recibe ninguna liquidación”, añadió.
La dirigenta del sector de Barrio Chino, ubicado en el distrito de Salas Guadalupe reiteró que el actual régimen agrario los limita a acceder a muchos beneficios. “Hay la excusa de que todo está incluido en nuestro sueldo”, subrayó.
La mujer también planteó el aumento del jornal básico. “Mejores salarios a 60 y 70 soles diarios, porque nuestro horario de trabajo empieza a las 4 de la mañana, a las seis de la mañana iniciamos a trabajar y salimos a las 2 de la tarde”, dijo.
“En el régimen general, los trabajadores reciben una buena canasta de víveres por Navidad, nosotros recibimos una tasa de chocolate y un panetón”, comentó.
A la reunión asistieron dirigentes de los diferentes puntos bloqueados en el tramo Ica – Salas Guadalupe y todos denunciaron maltratos por parte de sus empleadores, como ingenieros, caporales y responsables de grupos de trabajo.
La mujer denunció que muchos de los trabajadores son migrantes en su mayoría de la sierra y son llamados “serranos” por hablar su lengua original; el quechua. “Los servicios higiénicos están llenos de moscas y heces”, dijo la dirigente.
Además señaló que existen jornadas laborales por cumplimientos de metas. Un obrero trabaja de forma incansable para cumplir la meta y salir temprano. Si lo logra, al día siguiente la meta es mucho mayor.
Santos Valdez, es un trabajador del campo que ayer salió a bloquear la Panamericana Sur en el sector de Lujaraja, distrito de Tate. Al igual que el resto de trabajadores de la agroexportación denuncia que recibe un sueldo de 240 soles a la semana, de los cuales está el pago de sus CTS y gratificaciones.
Exige la derogatoria del actual sistema labora y su paso al régimen general que les permita tener beneficios.