La Sala Penal de Apelaciones de Nasca confirmó la condena de seis años de prisión efectiva para el exalcalde provincial Eusebio Alfonso Canales Velarde, tras comprobarse su responsabilidad en el delito de negociación incompatible.

Corrupción sancionada

El caso gira en torno al nombramiento de Ángelo Augusto Canales Velarde, hermano del exalcalde, en cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Nasca. Pese a que no cumplía con los requisitos exigidos por ley, fue designado como subgerente de Servicios Sociales y Comunales en enero de 2011 mediante la Resolución de Alcaldía Nº 18-2011, y posteriormente, en junio del mismo año, fue promovido al cargo de gerente de Servicios Sociales a la Población y Medio Ambiente mediante la Resolución Nº 0384-2011. Ambos nombramientos fueron considerados ilegales por no respetar los principios de mérito, capacidad y transparencia.

Si bien la pena será suspendida provisionalmente mientras se resuelve el recurso de casación presentado por su defensa, el exalcalde deberá cumplir una serie de restricciones, como no ausentarse de su localidad de residencia y presentarse periódicamente ante la autoridad fiscal. Estas condiciones buscan evitar la fuga del acusado mientras se define su situación legal definitiva.

La decisión de la sala se basa en evidencias contundentes recogidas durante el proceso, donde se demostró que los nombramientos fueron impulsados de manera arbitraria por el entonces alcalde, pese a los impedimentos legales y éticos que prohibían la designación de familiares en cargos públicos. Este caso ha encendido las alarmas en torno al uso del poder político para fines personales y ha motivado un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la administración pública.

Además de la pena privativa de la libertad, Alfonso Canales Velarde ha sido obligado a pagar una reparación civil de ocho mil soles como compensación por los daños ocasionados al Estado. Esta sanción económica complementa la condena penal y acentúa la obligación de los funcionarios públicos de actuar con responsabilidad y respeto por la legalidad.

Para muchos, este tipo de sentencias deben marcar el inicio de una nueva etapa de vigilancia ciudadana más activa, donde se exija a las autoridades transparencia y rendición de cuentas. También se ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que refuerce los filtros para candidatos a cargos públicos.

En tanto, la defensa legal del exalcalde confía en que el recurso de casación pueda revertir la sentencia, aunque diversos juristas coinciden en que la solidez de las pruebas haría poco probable una modificación del fallo.

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