San Martín sin agua por corte de electricidad

El segundo día de desfile clasificatorio para pelear por el Sol Radiante -en los 452 años de fundación de la Villa de Valverde- se vio opacado por el violento ingreso a la pista de desfile de una veintena de familias del caserío San Martín de Porras que denunciaron el corte del servicio de agua.

Más de ocho mil familias no tienen el líquido elemento en las cañerías de sus viviendas desde hace diez días por el intempestivo corte del servicio eléctrico por parte de Electro Dunas en el pozo que provee de agua.

Los protestantes afirmaron que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapica) recibe el pago de los pobladores por el consumo de energía del pozo tubular para realizar el pago a la empresa eléctrica.

Los moradores mostraron los vouchers de pago a una cuenta de la empresa municipal y esta última sería la que no cumplió con realizar el depósito a Electro Dunas.

La compañía energética -por la deuda- ejecutó el corte del servicio y, sin la energía, el pozo no puede bombear el agua y abastecer a la población. Los niños y personas de mayores edad sufren los estragos por la falta del elemental servicio.

DESFILE CON PROTESTA

Los pobladores protestaron en los exteriores de Emapica y exigieron la salida del gerente general o que una comisión de los moradores de San Martín de Porres sea recibida para encontrar una solución al problema.

Los protestantes no se quedaron con los brazos cruzados y marcharon a la plaza de armas para exigir al presidente de la Junta General de Accionistas y accionista mayoritario de Emapica, Carlos Ramos Loayza, una solución.

Los pocos efectivos no impidieron el ingreso a la pista de desfile por la calle Callao.

Emapica recibió una carta de Electro Dunas, donde le exigían el pago por el suministro de energía, y su gerente general, Carlos Roberto Casalino Uribe, respondió vía carta notarial que “no tiene la administración, ni ningún otro tipo de injerencia en el ámbito de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAS) del caserío de San Martín de Porras”.

Casalino advirtió que “de insistirse en el requerimiento de cobranza indebida en cuestión, dará inicio a las acciones para el cese de los actos de ejercicio abusivo del derecho en curso”.