5 alcaldes locales se irán con problemas con la justicia
5 alcaldes locales se irán con problemas con la justicia

A poco más de un mes de terminar el año, algunas de las actuales autoridades locales trujillanas culminan su gestión en medio de denuncias e investigaciones a nivel de la . Incluso, alguna de estas autoridades ocuparán el próximo año un nuevo cargo público.

PROVINCIAL. El primero en la lista es el alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, quien aún afronta la investigación por presuntamente encabezar el “Escuadrón de la Muerte”.

Cabe indicar que el 27 de agosto del año pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad resolvió declarar nula la sentencia absolutoria a favor de Espinoza. Sin embargo, su defensa legal interpuso, en octubre de 2017, el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, y esta aún no se pronuncia, a pesar del tiempo transcurrido.

El regidor provincial Carlos Fernández Verde presentó en marzo de 2015 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, y al entonces gerente municipal, Ismael Iglesias, y contra otros funcionarios de su gestión involucrados en el caso del Vaso de Leche, por presuntamente haber participado en el direccionamiento de una licitación por 933,000 soles a favor del consorcio Island.

SEGAT. Asimismo, en enero de este año, Elidio Espinoza y el gerente del Segat (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo), Fernando Díaz, fueron denunciados penalmente por presuntas irregularidades en el proceso de tercerización del servicio de limpieza pública.

Pero las denuncias en torno al Segat se dieron en abril de 2017. Los regidores Hernán Aquino Dionicio y Carlos Fernández Verde presentaron ante el Ministerio Público una denuncia contra el alcalde provincial Elidio Espinoza Quispe y contra el exgerente Segat, Carlos Delgado Sánchez, por impulsar la tercerización del ente encargado de la limpieza pública.

FUNCIONES. Asimismo, ante los problemas para el recojo de la basura en la ciudad, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Trujillo, en abril de este año, derivó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad y a la Fiscalía Provincial Corporativa de Turno de Trujillo la denuncia contra el alcalde por los presuntos delitos contra el medio ambiente y omisión o retardo de actos funcionales.

En tanto, la regidora Rocío Taboada denuncio ante la Fiscalía al alcalde por pagar 250 soles de pactos colectivos a 62 de sus funcionarios de confianza desde enero de 2015 hasta junio de 2018, lo que habría generado pérdidas a la comuna por 651,000 soles.

Plaza. Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad inició una investigación por la denuncia de una supuesta sobrevaloración en el piso de la Plaza de Armas de Trujillo. Por ello solicitó a Elidio Espinoza información detallada sobre la obra.

En su informe pericial, el Ministerio Público advirtió una sobrevalorización en los pagos que irían acordes a la realidad física de la obra.

EL SUCESOR. En el caso del alcalde de La Esperanza y virtual alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, fue sentenciado en primera instancia a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida de colusión en agravio del Estado, por favorecer a un proveedor del programa Vaso de Leche con una licitación. Sin embargo, fue absuelto en segunda instancia.

En marzo último, se conoció sobre el inicio de la investigación, por parte de la fiscalía, a Marcelo y sus dos hijos por el presunto delito de lavado de activos.

En este caso se le investiga por una propiedad de aproximadamente de 250,000 dólares que tiene el alcalde en la provincia de Lambayeque, hecho que fue denunciado en su momento en la revista Tú Eliges.

OTRA DENUNCIA. En junio de 2016, el ciudadano Lucio Namay denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a Daniel Marcelo por el presunto delito de peculado de uso.

En junio de este año, la Fiscalía inició la pesquisa contra Marcelo y cuatro funcionarios ediles por el presunto delito de homicidio culposo, a raíz de la denuncia que presentó Lázaro Abanto Huanca, padre de la menor que falleció el 15 de diciembre del 2017, en el asentamiento humano Alan García.

 El alcalde distrital de Víctor Larco, Carlos Vásquez Llamo, también registra una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

En este caso, que se inició el año pasado, la investigación está a cargo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila).

Según el informe N°003-2017, se señala que habría incongruencias entre los ingresos y egresos de Vásquez Llamo, toda vez que el dinero que percibe mensualmente por las diversas actividades que asegura realizar, no estaría acorde a los gastos y el ritmo de vida que lleva.

El regidor aprista Himer Gómez lo denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El caso está relacionado a la implementación del sistema de videovigilancia.

SENTENCIA. Asimismo, Carlos Vásquez Llamo fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en octubre del presente año. Alcalde de Víctor Larco se le halló responsable del delito de negociación incompatible en el caso de la concesión del Terminal Pesquero.

Santos Cruz Ponce, titular del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, también dispuso la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años contra Vásquez.

TORIBIO. En tanto, el alcalde de Florencia de Mora, Wilson Toribio, es investigado por la Fiscalía Especializada en el Delito de Lavado de Activos por una serie de presuntos delitos, como enriquecimiento ilícito.

La denuncia se dio en el 2016. Según un morador, cuya identidad se mantuvo en anonimato, la autoridad edil compró más de 30 inmuebles, que registró a nombre de familiares directos e, incluso, trabajadores municipales.

MOCHE. La situación legal del alcalde distrital de Moche, Roger Quispe, es también complicada. La autoridad tiene denuncias por presuntos hechos de corrupción desde el 2007.

En agosto de este año, el Octavo Juzgado Penal Anticorrupción de la Corte de Justicia de La Libertad confirmó su sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de colusión en agravio del Estado.

Cabe indicar que en mayo del año pasado, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo lo sentenció a 4 años de prisión no efectiva por el delito de colusión, por el caso “Telefónica”. La sentencia fue confirmada en setiembre del presente año.

El Ministerio Público también acusó a Quispe de haber favorecido indebidamente a la empresa Megadiesel E.I.R.L.

Esto, tras otorgarle la buena pro en los procesos de selección Adjudicaciones de Menor Cuantía destinados a la adquisición de repuestos y la contratación del servicio de reparación de un cargador frontal caterpillar y una motoniveladora. 

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