Abogado trujillano vinculado a Orellana

El exvocal superior de la sala penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Segundo Vitery Rodríguez, estaría vinculado a la a la organización de Rodolfo Orellana y actualmente se encuentra prófugo. Como se recuerda, el abogado trujillano trabajó en los años 90 en la región y luego pasó a laborar en la capital como procurador público del Poder Judicial.

DETENCIÓN. Ayer el sistema judicial dio un duro golpe a la organización de Rodolfo Orellana desbaratando el llamado “brazo legal” del clan que amasó una enorme fortuna en bienes y dinero gracias a cuestionadas maniobras legales en contra de personas y empresas particulares, y hasta el mismo Estado.

Hasta el momento se han detenido a 8 personas de las 14 que estarían vinculadas a la mencionada red. Entre ellos destaca Robinson Gonzáles Campos, el expresidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la hija del magistrado Olga Gonzáles Yaurivilca, así como Iván Gómez Torres. También figura Blanca Paredes Córdova, quien litigó contra su hermano Giovanni Paredes por el control del Camal de Yerbateros.

PRÓFUGO. Segundo Vitery Rodríguez, quien preparó una acción de habeas corpus contra uno de los presuntos testaferros de Orellana, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Cabe precisar que el mencionado abogado fue destituido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín, quien le retiró la confianza a Vitery como procurador por su actuación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al defender un fallo judicial que favoreció al Grupo Colina.

El dispositivo señala también que la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado propuso dar por terminada las funciones del referido procurador.

San Martín le retiró la confianza a Vitery por defender ante la Corte Internacional de Derechos Humanos los alcances de la decisión de la sala presidida por Javier Villa Stein, que reduce las penas a los integrantes del Grupo Colina y retira el delito de lesa humanidad, contradiciendo la posición contraria del Gobierno peruano a ese fallo.