La Contraloría General detectó la afectación a los recursos públicos en la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Municipalidad Distrital de Huanchaco debido a la inadecuada adquisición y pago de los productos alimenticios para las canastas básicas familiares destinadas a la población vulnerable durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

En los informes de Servicio de Control Específico N° 036-2020-2-0424-SCE y Servicio de Control Específico N° 035-2020-2-2048-SCE, se identificó, además, la presunta responsabilidad de tres exfuncionarios la comuna de Trujillo y del acalde de Huanchaco, Estay García, así como de seis de sus funcionarios.

TRUJILLO. En el caso de la Municipalidad de la Trujillo, el informe, que comprendió el periodo del 27 de marzo al 25 de mayo de 2020, señala que se dio conformidad al pago de los víveres para las canastas sin verificar la calidad de los productos, pues los alimentos a granel (arroz, azúcar, menestras y avena) fueron entregados en bolsas plásticas sin sellar y no contaban con registro sanitario.

Asimismo, dicho municipio no observó la recepción de la entrega del filete de caballa, producto que no fue ofertado por los proveedores. Según el contrato lo que debió entregarse era filete de atún. De esta manera, al dar conformidad al producto no se pudo cobrar penalidades correspondientes.

-

Entre los responsables están Yesica Bobadilla Alfaro, Julio Torres Vigo y Evelyn Lezcano Pereda. A los dos primeros se les recomendó iniciar procesos administrativos sancionadores, mientras que para Lezcano se pidió iniciar acciones penales.

HUANCHACO. En el caso del Municipio de Huanchaco, el informe, que tuvo un periodo de evaluación del 27 de marzo al 29 de mayo de 2020, indica que se compraron algunos productos de primera necesidad para las canastas familiares (como sal, aceite y atún) en cantidades excesivas y desproporcionadas en relación al padrón de beneficiarios.

Para usar los productos sobrantes, la comuna solicitó dos donaciones de un tercero y, además, compró alimentos para 132 canastas más, a un costo elevado. Pese a ello, las canastas no tenían el mismo contenido de las primeras.

Como seguían sobrando productos, la comuna armó 44 canastas adicionales, conteniendo por canasta solo 12 unidades de aceite, 11 unidades de sal y 2 unidades de filete de caballa. También se repartieron 10 canastas conteniendo cada una 12 unidades de aceite y 11 de sal. Los hechos descritos no aseguraron la atención de las necesidades nutricionales de la población vulnerable y ocasionaron un perjuicio de S/ 4, 642.43.

En este caso la Contraloría pidió iniciar acciones administrativas contra el burgomaestre Estay García Castillo, contra Brenda Guzmán Mendoza, Luis Cortez Vargas y Edgar Yengle Delgado. Para Mónica Guzmán Sosa, Ana Castro Santos y Richard Asmad Benites también se pidió iniciar acciones administrativas, además de penales.

-

El órgano de control informó que estos informes fueron notificados a los titulares de los municipios para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes contra los exfuncionarios y funcionarios involucrados.