Autoridades y precandidatos investigados por lavado de activos

A solo cinco meses de elegir a las próximas autoridades regionales y municipales, los ciudadanos deben conocer sobre el perfil y la hoja de vida que tienen los futuros representantes en las alcaldías y en la región. Mucho se ha cuestionado sobre los ingresos no justificados de algunas autoridades y exautoridades de la región La Libertad, por lo que muchos de ellos presentan investigaciones por lavado de activos.

En La Libertad, el problema del lavado de activos ha estado inmiscuido con personas ligadas a la política y en este informe hacemos un recuento de algunos casos que se han conocido en los últimos años.

ACUÑA. Lo más reciente que se ha conocido es la investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, por presunto lavado de activos. Esto por los aportes y gastos realizados en campaña electoral.

En este caso, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio abrió una investigación preliminar por el plazo de 120 días contra César Acuña, su asesor Luis Favre, el partido Alianza por el Progreso (APP) y las empresas Alac Outdoor y Epoke Consultoria Em Midia Ltda.

Según el documento fiscal N° 17-2018, APP, en el período comprendido entre febrero de 2014 y febrero de 2016, a través de sus dos cuentas corrientes, canalizó fondos por un total de USD 5’786,877, parte de los cuales provendrían de aportes para financiar gastos de campaña electoral y otros han sido destinados a la cuenta de Epoke, de propiedad del asesor Luis Favre.

Tras conocerse esta investigación, el exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, ha salido a pedir que se le investigue, pues afirma que no teme las investigaciones.

“Tengo la plena seguridad de que la investigación del Ministerio Público va a corroborar lo concluido por Onpe: todos los aportes y gastos en campaña de @Peru_APP cuentan con un sustento real y formal”, escribió en su cuenta de Twitter.

MARCELO. En marzo último, se conoció sobre el inicio de la investigación de parte del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Mixto de La Esperanza, al actual alcalde de La Esperanza y precandidato a la alcaldía provincial de Trujillo por APP, Daniel Marcelo Jacinto, y sus dos hijos por el presunto delito de lavado de activos.

En este caso se le investiga por una propiedad de aproximadamente de 250 mil dólares que tiene el alcalde en la provincia de Lambayeque, hecho que fue denunciado en su momento en la revista Tú Eliges, por el periodista Luis Ballón Soria.

A raíz de esta denuncia, el burgomaestre demandó por difamación al periodista, sin embargo este proceso fue archivado.

Actualmente, la investigación continúa y está a cargo de la fiscal Flor de María Rojas Plascencia.

VÁSQUEZ. Carlos Vásquez Llamo, quien actualmente es alcalde distrital de Víctor Larco y postula como precandidato a la alcaldía provincial de Trujillo por APP, también registra una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

En este caso, que inició el año pasado, la investigación está a cargo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila).

Según el informe N°003-2017, se señala que habría incongruencias entre los ingresos y egresos de Vásquez Llamo, toda vez que el dinero que percibe mensualmente por las diversas actividades que asegura realizar, no estaría acorde a los gastos y el ritmo de vida que lleva.

SÁNCHEZ PAREDES. Un caso emblemático en la región La Libertad y que es investigado hace muchos años en esta parte del país es la de la familia Sánchez Paredes, uno de los cuales fue alcalde en Mollebamba, caserío de la provincia de Santiago de Chuco.

A ellos se les investiga por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Ellos llevan a su cargo la empresa Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa SA).

Segundo Sánchez Paredes, uno de los hijos del clan familiar, fue elegido como alcalde Mollebamba en 1995 y ocupó el cargo hasta el 2007.

Poco después fue sucedido en el poder por su hermano Fortunato.

Según fuentes de la Policía, ambos aprovecharon su poder para construir una pista de aterrizaje para “narcovuelos”.

En el 2008, el Gobierno anunció una megainvestigación a 77 personas por lavado. El objetivo fue investigar el origen de la fortuna del clan. Desde entonces, el proceso contra los Sánchez Paredes, en el que Santos, Segundo y Fortunato son los principales involucrados, sufrió todo tipo de retrasos e inconvenientes, entre estos la desmantelación del equipo fiscal a cargo. Pese a que la fiscalía obtuvo pruebas, un juez archivó el caso en el 2012. La decisión fue revertida luego por el fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

El fiscal Frank Almanza, a cargo de la investigación, pidió en marzo del año pasado 28 años de cárcel para los hermanos y el pago de 100 millones de soles de reparación civil.

A la fecha, aún continúan con el proceso y ninguno de ellos ha sido encarcelado.

Definitivamente este delito continuará siendo uno de los flagelos que más afecta a la región, contra el que las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial deberán seguir luchando.