La comisión del Consejo Regional de La Libertad encargada de investigar la ejecución de los recursos públicos destinados a la lucha contra el Covid-19 afirmó que por trabas del Gobierno Regional no pudo revisar las compras que se hicieron en el sector salud durante la pandemia.

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El caso

Este grupo de trabajo sustentó, a través del consejero Edgar López, su informe final. En el documento indicó que “requirió en reiteradas oportunidades al gerente general del Gobierno Regional de La Libertad la asignación o contratación de especialistas, con conocimiento en contrataciones del estado y los sistemas administrativos, para el procesamiento de la información recaba por esta comisión”. No obstante, “el gerente general no ha cumplido con brindar el apoyo logístico”. Incluso, agregó que hicieron “constantes requerimientos”, adjuntando nueve oficios derivados al gerente Rogger Ruiz.

Además, no habrían recibido la información solicitada.

“La comisión investigadora no logró revisar los procesos de compras de bienes y servicios para la atención por Covid-19 (ordenes de servicio, la conformidad que contiene y otros datos relevantes necesarios para transparentar dichos procesos) de forma minuciosa debido a que no contó con toda la información completa por parte de la red de salud y, por otro lado, no se contó con toda la información completa por parte de la red de salud”, indicó.

Agregó que esto, sumado a la fata de especialistas, “impidió realizar la visita de fiscalización a la Gerencia Regional de Salud para determinar el gasto destinado al presupuesto Covid-19″.

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López también detalló en el informe que en las investigaciones que hizo la Contraloría halló “irregularidades en el manejo de presupuesto”. Afirmó que hay ocho informes que se realizaron entre el 2019 y el 2022 que dan cuenta de ello.

Agregó que entre los puntos más resaltantes está la donación de medicinas e insumos que hizo el Hospital Regional a instituciones privadas durante la primera y segunda ola, valorizados en más de S/ 188 mil. Estos fármacos pudieron haber sido usados en establecimientos públicos.

Por ello, el Consejo Regional aprobó derivar este informe a la Contraloría y al Ministerio Público, para que investiguen las presuntas irregularidades que se habrían dado en el sector salud.