Adulteran documentación para ganar compra en municipio de Virú

La Contraloría General identificó documentación falsa en la adquisición de productos para el Programa de Complementación Alimentaria para Pacientes Ambulatorios con Tuberculosis (PANTBC) en la Municipalidad Provincial de Virú, la cual fue entregada por la empresa que ganó el proceso de selección para el abastecimiento de los alimentos.

Entre la documentación adulterada se encontraron certificados de calidad de los alimentos, inspección higiénico sanitaria de planta, inspección de disponibilidad de stock, verificación de condiciones físicas y capacidad de almacenamiento, lo cual atenta contra la salud de las personas con tuberculosis y su entorno.

Según el Informe de Visita de Control N° 020-2020-OCI/0631-SVC, cuyo período de evaluación comprendió del 15 de julio al 3 de agosto, en la diligencia de constatación de la recepción de alimentos del referido programa, el personal de la Municipalidad Provincial de Virú no proporcionó los certificados mencionados, los cuales debieron ser solicitados y verificados por la entidad al momento de la recepción de los bienes.

Ante ello, la comisión auditora verificó toda la documentación contenida en la oferta, presentada durante el proceso de contratación por la empresa ganadora y consultó a los laboratorios que figuran en los certificados sobre la validez de los mismos, advirtiendo que estos no fueron emitidos por dichos centros.

OTRAS SITUACIONES 

Otra situación advertida fue la recepción de alimentos con faltantes en los productos de azúcar rubia y quinua. Además, no contaban con la documentación que sustenta el traslado, la cantidad y la calidad del producto recibido, como las guías de remisión, facturas y las actas de recepción.

Asimismo, la municipalidad aprobó la ampliación de plazo de entrega de los productos por cinco días, a pesar que la solicitud del contratista carecía de sustento técnico y normativo (argumentó que no pudo transportar el producto por causa de la pandemia COVID-19). Esta situación imposibilita la aplicación de penalidad por mora y retraso en la entrega de los alimentos.

Cabe precisar que la contratista consideró en su oferta la disponibilidad del vehículo para realizar el transporte de los productos, según consta en una declaración jurada de plazo de entrega.