Corrupción: más de una veintena de exautoridades son investigadas (INFOGRAFÍA)

A pesar de haberse comprometido a buscar el desarrollo de sus pueblos, algunas exautoridades ediles incurrieron en actos de corrupción, hechos por los cuales están siendo investigados y, en algunos casos, ya sentenciados por aprovecharse indebidamente de su cargo.

LA LIBERTAD

Uno de los casos más recientes fue la sentencia contra el exalcalde del distrito de Moche, provincia de Trujillo, Roger Quispe Rosales, sobre quien el Poder Judicial dictó cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible.

El caso se remonta al año 2011, cuando la exautoridad simuló una licitación para favorecer a un postor y contratar tres maquinarias. A la fecha, Roger Quispe es buscado por las autoridades para que cumpla su condena en el penal El Milagro.

Sin embargo, esta no es la única condena. El Poder Judicial también lo sentenció a cuatro años de cárcel suspendida por el delito de colusión por el caso denominado “Telefónica”.

Según la Fiscalía, se le acusa de contratar irregularmente a la empresa Innovaciones Perú S.A.C para cobrar una multa que ascendía a 2’350,000 soles, a la empresa Telefónica. La sanción se daba por instalar postes sin permiso en su jurisdicción, sin embargo, su defensa presentó un recurso de casación.

La única exautoridad que cumple su condena en prisión es Wilfredo Quesquén Terrones, exalcalde provincial de Chepén, quien fue sentenciado en 2018 a seis años de prisión por el delito de negociación incompatible por una obra de pavimentación flexible en las calles del perímetro del estadio de Chepén.

El militante aprista asistió a la última audiencia de su juicio y fue detenido en el mismo lugar y conducido al penal trujillano. Esta decisión judicial fue confirmada en segunda instancia.

En tanto, Juan Antonio Lingán Ríos, exalcalde distrital de Pacasmayo, fue condenado a cinco años de prisión por negociación incompatible. Por quien brinde información sobre su paradero, el Ministerio del Interior ofrece 25,000 soles.

De otro lado, hay un grupo de exautoridades que registran sentencias suspendidas. Ellos son Carlos Vásquez Llamo, exalcalde distrital de Víctor Larco Herrera (4 años y 8 meses de prisión suspendida por negociación incompatible); Segundo Vega Cedano, exalcalde distrital de Carabamba (5 años de prisión suspendida por cohecho pasivo impropio); y Daniel Marcelo, exalcalde distrital de La Esperanza , que fue fue absuelto en segunda instancia luego de recibir 4 años de prisión suspendida por el delito de colusión.

TUMBES

Se trata de Gerardo Fidel Viñas Dioses, quien fue sentenciado a once años de prisión por el delito de colusión agravada; pero tras una apelación en el 2017 se le redujo la pena a siete años, la misma que cumple desde noviembre de 2016.

Viñas Dioses aún es investigado por 34 casos en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y es que en 2018 se advirtió que durante su gestión hubo un desfalco de unos 70 millones de soles aproximadamente.

Otra autoridad, sobre quien pesa una sentencia, es Edwin Rivas García, exalcalde del distrito de Papayal, a quien se le confirmó condena de tres años de prisión suspendida por colusión e inhabilitado por tres años de ejercer cargos públicos.

Por otro lado, el exburgomaestre del distrito de San Jacinto, José Luis Cornejo Feijoó, está en la clandestinidad desde junio del año 2018, luego que el Poder Judicial confirmara la sentencia de tres años de cárcel.

Quien llegó a alcanzar una cifra récord en denuncias e investigaciones fue Ricardo Flores Dioses, que fue gobernador regional en la gestión anterior. El funcionario inició su última gestión con más de 70 denuncias, y en los cuatro años acumuló otra decena más.

De igual forma, los exalcaldes de Tumbes, Manuel De Lama Hirsh, al igual que su antecesora Isabel Marjorie Jiménez Gonzáles. Esta última se mantuvo en la clandestinidad por varios años, hasta que la Fiscalía desistió de su acusación.

En la lista de investigados está Mercedes Jacinto Fiestas (exburgomaestre de Contralmirante Villar), Félix Garrido Rivera (exalcalde de Zarumilla), Ely Pintado Córdova y Wilder More Tesén (exalcaldes de Aguas Verdes).

Asimismo, se debe incluir al actual gobernador regional, Wilmer Florentino Dios Benites, quien tiene dos pedidos de prisión efectiva, ambas por colusión.

PIURA

Solo el exburgomaestre de Sullana, Jaime Bardales, está prófugo, tras ser condenado en noviembre del 2016 y la pena reducida en segunda instancia a 7 años en abril del 2018, por irregularidades en la construcción de una tribuna del estadio Campeones del 36.

El exgobernador regional Reynaldo Hilbck y su antecesor Javier Atkins afrontan un proceso en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, por un presunto favorecimiento a la brasileña Camargo Correa, que tuvo el proyecto Alto Piura.

El caso está referido a la aprobación de ampliaciones y una indemnización en el 2012, cuando Atkins era titular de la región y Hilbck el presidente del directorio. La defensa de Hilbck ha planteado el archivamiento del caso.

Aparte, el Juzgado Unipersonal de Sullana ha iniciado juicio oral a Javier Atkins, ahora viceministro de Pesquería, por un supuesto favorecimiento a la empresa de su sobrino político, para que brinde seguridad en el Hospital de Apoyo de Sullana en 2013 y 2014.

El exalcalde de Veintiséis de Octubre, Práxedes Llacsahuanga, junto a exfuncionarios de esa comuna, esperan la fecha para el inicio del juicio oral por presunta colusión simple. La investigación versa sobre el proceso de adquisición de un pool de maquinaria para limpieza pública en el 2015, por más de 4 millones de soles.

También está en líos el exburgomaestre de Pacaipampa (Ayabaca), Juan Manuel García Carhuapoma, inmerso en un caso por supuestas irregularidades en una obra de alcantarillado. La causa está para control de acusación.

En tanto, la exautoridad de Ayabaca y ahora alcalde del distrito Lagunas, Humberto Marchena, espera el fallo de la Sala de Apelaciones de Sullana. Igual que el ahora otra vez alcalde de Sapillica (Ayabaca), Silvestre Carhuapoma.

En el caso de la exalcaldesa Ruby Rodríguez, la Fiscalía debe presentar requerimientos de acusación independientes respecto a una obra de mejoramiento.

En tanto, el Poder Judicial lleva adelante el juicio oral al exalcalde de Catacaos, Mario More López, por la cuestionada concesión del camal municipal. Aparte, están investigados los exalcaldes de Talara, Rogelio Trelles Saavedra y José Bolo Bancayán, con casos que se encuentran en la etapa intermedia.

LAMBAYEQUE 

Tal es el caso del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, alias “El Jefe”, quien fue acusado de ser el cabecilla de la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, la cual se caracterizaba por direccionar obras a favor de empresarios a cambio de coimas.

Desde que fue capturado en octubre del 2014, el exalcalde ha recibido a la fecha tres sentencias de 5, 6 y 8 años de cárcel, las cuales han sido confirmadas en segunda instancia; mientras que espera aún el resultado de otros 25 juicios.

La historia de calamidad para Chiclayo continuó con David Cornejo Chinguel, quien sucedió en el cargo a “El Jefe” y, al igual que él, está preso por haber recibido dádivas de constructoras y transportistas.

Aún sin haber recibido una sentencia condenatoria, el panorama para “Corchín” no deja de ser complicado, pues cumple 36 meses de prisión preventiva, acusado por colaboradores eficaces de haber dirigido la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

La lista de exautoridades que por ahora solo son investigados por presunta corrupción es larga, pero destacan los exalcaldes de Ferreñafe, Jacinto Muro Távara yJorge Temoche Orellano; el exalcalde de Tumán, Rolando Barboza Díaz; el exalcalde de Pátapo, Juan Ramos Díaz; y el exalcalde de Chongoyape, Agustín Lozano Saavedra.

El exgobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, no puede ser excluido de esta nómina, pues la Fiscalía pide que sea sentenciado a 4 años de cárcel por haber sobornado supuestamente a un policía anticorrupción, a cambio de ser favorecido en una investigación.

Pese a todos los esfuerzos y recursos legales interpuestos por los abogados de la exautoridad, el Juzgado Anticorrupción de Lambayeque ha ordenado el inicio de un juicio oral en su contra como cómplice del delito de cohecho activo genérico.

ÁNCASH

Actualmente, Álvarez Aguilar solo tiene una sentencia de dos años de cárcel por el delito de malversación de fondos, pero varias otras acusaciones. Son cinco juicios los que aún persiguen al exmandatario ancashino: cuatro por hechos de corrupción y uno por el crimen del exconsejero Ezequiel Nolasco Campos, que ya está pronto a culminar.

A estos procesos, debemos sumarle la investigación -en etapa preparatoria- a la que hace frente por el asesinato de Hilda Saldarriaga Bracamonte.

Álvarez no es el único gobernante ancashino que purga condena. Su sucesor en el cargo, el polémico Waldo Ríos Salcedo, también corrió la misma suerte y actualmentre purga una condena de cinco años de cárcel por el delito de colusión desleal en agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz.

Aunque no es por corrupción, el actual gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, también afronta una investigación por presuntamente haber ocultado información en hoja de vida.

Los alcaldes también han sido vinculados a hechos de corrupción. En la provincia del Santa, tenemos al exalcalde Luis Arroyo Rojas condenado a 15 años de cárcel por contratar un servicio “fantasma” de “desratización” valorizado en más de 3 millones de soles, cuando se desempeñó como gerente de la Subregión Pacífico.

La reemplazante de Arroyo Rojas, Victoria Espinoza García, también ha sido condenada por corrupción junto a su teniente alcalde, Julio Cortez Rojas, quien lo reemplazó cuando ella se inscribió como candidata al gobierno regional.

Ambos se encuentran prófugos de la justicia y aún pendiente de escuchar la sentencia por otro delito en el sonado caso Nehalem, cuyo fallo ha sido reservado hasta que dejen la clandestinidad.

Mientras que en el distrito de Nuevo Chimbote, dos exalcaldes afrontan investigaciones. Uno de ellos es Juan Gasco Barreto, quien actualmente cumple un mandato de prisión preventiva por un caso de colusión. Y el otro es Valentín Fernández Bazán, quien ha sido incluido en una investigación por asociación ilícita para delinquir.