La Contraloría halló varias irregularidades en los procedimientos de selección y contratación del ejecutor y supervisor de una obra para la recuperación del servicio de transitabilidad de un camino vecinal ubicado en el desvío Marcabal-Chuypan-Naranjopampa-Matara-El Olivo (provincia de Sánchez Carrión); así como en la ejecución de la misma cuyo presupuesto fue de S/ 9.1 millones.
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Lo observado representa un perjuicio económico total que supera los S/ 3 millones, así como presuntas responsabilidades civiles y administrativas en ocho funcionarios y/o servidores públicos de la Gestión Municipal 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Marcabal, tal como se detalla en el Informe de Auditoría N.º 074-2023-2-0419-AC.
Al respecto, y durante el procedimiento de contratación del ejecutor de la obra, el Comité de Selección admitió y evaluó la oferta del consorcio que ganó la buena pro, a pesar de que no le correspondía porque una de sus empresas integrantes estaba impedida de participar, por ser la continuación de otra empresa inhabilitada para contratar con el Estado.
Incluso, declaró la inadmisibilidad de la oferta del segundo postor pese a que sus errores eran subsanables y que su propuesta económica era menor a la del consorcio ganador, lo que originó un perjuicio económico parcial de S/ 77 674.
“A la vez, no se verificó que el postor ganador de la buena pro para la contratación de la supervisión presentara documentación presuntamente falsa y/o con información inexacta para el perfeccionamiento del contrato. Cabe resaltar que la entidad sabía que esa misma documentación ya la había presentado en la primera convocatoria del citado procedimiento, lo cual motivó que se le retire la buena pro durante la etapa de perfeccionamiento del contrato”, indicó la Contraloría en su informe.
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Además, durante la ejecución de la obra, la comuna local pagó valorizaciones para luego recibir y liquidar la obra sin que determinados trabajos cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en la documentación contractual. También aprobó el cambio de material sin sustento técnico y sin una reevaluación estructural del pavimento.
Asimismo, no adoptó las acciones necesarias para corregir la situación adversa comunicada en el informe de control concurrente relacionada con el estado situacional de la obra, lo que generó la desintegración de la superficie de rodadura, afectación a la integralidad de la estructura de la vía, el incumplimiento de los objetivos del proyecto y un perjuicio económico parcial de S/ 3 147 776.
De igual manera no se aplicaron penalidades al contratista por incumplimientos del contrato relacionados con la ausencia del personal profesional clave y carencia de implementos de protección del personal, ocasionando otro perjuicio económico parcial de S/ 46 200.
Por todo lo expuesto, el informe fue comunicado tanto a la Procuraduría Pública como al órgano instructor de la Contraloría General de la República para el inicio de la acción civil y administrativa a los nueve exfuncionarios y/o exservidores públicos comprometidos en los hechos.
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Ocho funcionarios, según la Contraloría, tendrían responsabilidad civil y administrativa en irregularidades durante ejecución de obra