Grave. El largo brazo de la justicia puede tardar en alcanzarte, pero siempre te va a encontrar. Eso ha evidenciado la Contraloría General de la República (CGR) al detectar un perjuicio económico de S/ 245, 490 en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), periodo de gestión 2015-2018, debido al pago de incrementos de remuneración básica a funcionarios y servidores que desempeñaban cargos de confianza o de dirección, pese a que dichos beneficios provenían de convenios colectivos que no les correspondían.

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En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 040-2026-2-0424-AC, se específica que la entidad hizo extensivos beneficios económicos derivados de pactos colectivos con el Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (SEMUT) a personal directivo y de confianza, pese a que la Constitución y la normativa vigente excluye expresamente a este grupo de los derechos de sindicalización y negociación colectiva.

Los montos

La comisión auditora determinó que los desembolsos indebidos ascendieron a S/ 162, 580 durante el año 2017 y S/ 82, 910 entre enero y julio de 2018, montos que fueron incorporados en las planillas de remuneraciones como parte de incrementos obtenidos mediante convenios colectivos celebrados exclusivamente para trabajadores comprendidos en dichos acuerdos.

El informe concluye que los responsables de la gestión, certificación presupuestal, tramitación, autorización y pago de dichas planillas permitieron que funcionarios y servidores en cargos de confianza o de dirección percibieran importes superiores a los legalmente permitidos, contraviniendo disposiciones constitucionales, presupuestales y administrativas aplicables durante los ejercicios evaluados.

A responder

Asimismo, la auditoría identificó presunta responsabilidad civil en nueve funcionarios de la gestión 2015 – 2018 comprendidos en los hechos observados, al establecer que las acciones realizadas ocasionaron una afectación económica a los recursos públicos de la entidad.

Los comentarios y descargos presentados por los involucrados no desvirtuaron las observaciones formuladas por la comisión auditora.

Como resultado del servicio de control, la Contraloría comunicó el informe a su Procuraduría Pública para el inicio de las acciones civiles correspondientes contra los funcionarios comprendidos en la observación.

De la misma manera, a la Municipalidad Provincial de Trujillo se le recomendó adoptar las acciones administrativas, entre ellas implementar mecanismos de control para evitar el otorgamiento de beneficios no contemplados en la normativa vigente.