La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad dispuso iniciar una investigación preliminar contra David Calderón de los Ríos, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, y el arqueólogo Luis Yepez Pinillos, quien labora en referida entidad.

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El caso tiene relación a la denuncia de invasión de un terreno intangible ubicado en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, por parte de presuntos traficantes de tierras.

LO GRAVE

Lo que busca esclarecer la Fiscalía es el hecho de que se haya elaborado y expedido un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para permitir que los supuestos traficantes de terrenos hagan usufructo de esa zona arqueológica.

Quien habría estado detrás de la emisión de ese documento es presuntamente el arqueólogo Luis Yepez Pinillos y además el certificado tenía la firma de David Calderón de los Ríos.

Fue el reconocido fotógrafo y docente universitario José Carlos Orrillo quien indagó el caso e hizo la denuncia tras recoger una serie de evidencias.

Estas indicaban que desde el año 2021 traficantes de terrenos habrían invadido nuevamente la zona arqueológica, que ya había sufrido impactos destructivos de personas inescrupulosas que cultivaban ilegalmente en ese sector intangible.

Estos hechos se denunciaron ante la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (Expediente N° 2022-0009811, con fecha de 1 diciembre de 2022, y Expediente N° 0031362-2023, del 6 de marzo de 2023).

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Como consecuencia de esas denuncias se supo que la DCC de La Libertad realizó un desalojo parcial en la zona.

Sin embargo, lo extraño está en que el 9 de agosto de 2024 ingresó una solicitud a la DCC para que se expida un CIRA de esa zona. Cuatro días después el documento fue emitido y con ello se dio luz verde a los traficantes para que decidan sobre el terreno.

Por ello, la Fiscalía dispuso iniciar una investigación contra Luis Yépez y David Calderón por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación incompatible, en agravio del Estado.

Correo trató de obtener la versión de David Calderón, pero no respondió llamadas ni mensajes. No obstante, en unas declaraciones ofrecidas anteriormente afirmó no haber emitido ninguna autorización que favorezca a invasores de zonas arqueológicas.

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