Duberlí Rodríguez: "Jurídicamente (en el caso del indulto a Fujimori) todo es posible" (VIDEO)

​El presidente del Poder judicial hace un análisis sobre las administraciones judiciales, la idoneidad de los jueces supernumerarios, la composición del CNM y la instalación de 16 juzgados anticorrupción en las regiones
Duberlí Rodríguez: "Jurídicamente (en el caso del indulto a Fujimori) todo es posible" (VIDEO)

Duberlí Rodríguez: "Jurídicamente (en el caso del indulto a Fujimori) todo es posible" (VIDEO)

04 de Febrero del 2018 - 19:00 » Textos: Renato Sandoval » Fotos: Cristina Aguilar

El presidente del Poder judicial, Duberlí Rodríguez, estuvo este fin de semana en Trujillo para participar del Encuentro Anual de Presidentes y Administradores de las Cortes de Justicia, realizado esta vez en nuestra ciudad. En el interín de su participación, tuvo el siguiente diálogo con Correo.

Este año, el presidente Kuczynski llamó a la reconciliación. ¿Cómo lo considera usted?

Es una frase, creo yo, que resume la intención del actual gobierno. Ahora, si eso se cumple o no se cumple, depende de los actores en el país. Yo sí sería partidario de que haya una suerte de reconciliación, pero eso no va a depender del Poder Judicial, va a depender de los otros poderes del Estado, del Poder Legislativo, que es el poder político por naturaleza, y el Ejecutivo, que a su vez es también un poder político.

Para hablar de reconciliación hay que mencionar dos facciones en disputa. Si la ciudadanía no está en esa discusión, ¿cuál serían esas facciones?

Cuando hablamos de reconciliación, en términos políticos, es el partido de gobierno con la oposición. Pero, la oposición, como nosotros vemos, es una oposición que no está unificada; es decir, los partidos políticos, diciéndolo metafóricamente, están también partidos. Incluso, el propio partido mayoritario del Congreso acaba de partirse; entonces es un poco difícil decir que hay una suerte de condiciones objetivas para una reconciliación. Debería ser, efectivamente, un país que esté reconciliado, pero eso depende de los actores políticos, y en ese terreno el Poder Judicial no tiene mucho que aportar.

¿Cree que se logre ese objetivo?

Bueno, yo creo que esa es una buena intención del gobierno; ahora, si se cumple o no eso no lo sabemos porque, incluso, al parecer, al haberse superado el trámite de la vacancia, que no fue aceptada por el Congreso. Sin embargo, acabamos de escuchar que dos bancadas, las de izquierda, han vuelto a pedir la vacancia, es decir, continúa un poco la inestabilidad política. Entonces, qué pronóstico podemos hacer, eso debemos dejarlo en manos de los opinólogos.

Usted dice que son respetuosos de las instancias supranacionales. Sin embargo, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, dice que es casi imposible que se revierta. Él ha sido expresidente de la Suprema.

Son opiniones. Él también ha sido presidente de la Corte Suprema, sin embargo ahora está desempeñando un papel político porque es ministro del actual gobierno. Ahora, jurídicamente, todo es posible. Es posible que la corte interamericana se pronuncie respecto al indulto y diga que lo considera como una medida equivocada, pero también podría decir que sí, lo único que digo es que hay que esperar el pronunciamiento, hoy (viernes) se ha realizado la audiencia. No es que va a emitir una nueva sentencia, porque lo que está haciendo la corte es un seguimiento respecto a una sentencia que ya se dio anteriormente respecto al caso Cantuta y Barrios Altos. Entonces, lo que ellos están haciendo es una especie de monitoreo respecto a la ejecución de esa sentencia.

No es la revisión del expediente

Propiamente no es la revisión del expediente, es simplemente decir que ellos consideran que corresponde o no el indulto. El indulto de todas maneras tiene un componente político y también reglamentario. (Esto es sobre) si se cumple o no los requisitos, pero eso, como usted comprenderá, lo tiene que decidir el Poder Ejecutivo.

No es una instancia de apelación.

Que yo sepa, no es propiamente una apelación, es un nuevo pronunciamiento respecto a una sentencia que ya se había pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, qué hacer respecto a ese pronunciamiento, bueno, yo soy presidente de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y por reglas elementales, las sentencias de los jueces en el Perú tienen que respetarse; pero también debemos entender que la jurisdicción no es solamente nacional, tenemos jurisdicción supranacional o internacional. Y en el caso del sistema interamericano de derechos humanos, tenemos una jurisdicción americana que está tutelada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Perú ha firmado la convención americana de derechos humanos, más conocido como pacto de San José de Costa Rica. Entonces, si nosotros somos firmantes y además aceptamos la autoridad de la jurisdicción supranacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que yo tengo que decir es que las decisiones de este órgano jurisdiccional tienen que respetarse, sin que eso signifique que yo esté pronunciándome a favor o en contra de lo que ahora han discutido las partes en la audiencia.

¿Es muy demagógico hablar del retiro del pacto de San José?

Sobre este tema no es la primera vez que se habla. Acuérdese que en épocas pasadas también se había hablado sobre la necesidad de apartarse o retirarse o denunciar del pacto de San José. Yo, como hombre de derecho, sería de la opinión de que no hay que denunciar al pacto de San José porque sería apartarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, es una decisión política que la toma el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo.

CUESTIONADOS FALLOS

Se habla mucho de las administraciones judiciales. ¿Qué hace el Poder Judicial?

En primer lugar, tenemos que lamentar que en el caso de Lambayeque, de donde yo procedo, he sido juez durante 12 años, digamos que las excooperativas agrarias no terminaron normal su proceso de privatización, como sí ha ocurrido con Trujillo. Pero, en Lambayeque, como Tumán, Pomalca, Cayaltí, Pucalá, realmente, ha habido un proceso de privatización un poco como para casado. Debía ser un tema estrictamente privado, el cual no tendría por qué intervenir el Poder Judicial porque es un tema societario que debiera regularse con la ley de sociedades. Pero, resulta que ante problemas de acreedores, respecto a deudas que no les pagan, ellos fuerzan la instalación de las juntas de administración judicial, cuyo único objetivo es que se paguen las deudas de las juntas de acreedores. Resulta que los acreedores ya no quieren que les paguen las deudas para ellos continuar en la administración de la empresa, entonces están 10, 15, 20 años, cuando debían estar poco tiempo. Ese es un tema bastante irregular. Entonces, qué ha pasado últimamente, se recurre a jueces de diferentes localidades, sobre todo alejadas del propio Lambayeque, para obtener medidas cautelares, órdenes de administración de la empresa. Por eso vemos que en Tumán una semana se instala una junta de administración y luego de un mes otra junta.

Pero, ¿qué hacer para evitar esto?

En cuanto al tema del abuso de las acciones de amparo, lo que el Poder Judicial ha hecho es elaborar un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Constitucional, para establecer reglas claras sobre la competencia en materia constitucional de los juzgados en el Perú. Y nosotros hemos planteado es que los únicos órganos competentes para conocer acciones de garantía que pretendan discutir sentencias judiciales tienen que plantearse en el mismo distrito judicial, en la misma corte, donde se ha emitido la resolución que se cuestiona. Vale decir que si es una resolución que se ha emitido en Lambayeque, la acción de amparo tiene que presentarse en el mismo Lambayeque (…) y no llevarse esa acción de amparo a Chachapoyas, a Puno, Cuzco, como está ocurriendo ahora. Ocurre que eso ya está en el Congreso, y ya ha sido dictaminado por dos comisiones y falta una tercera. Hago un llamado al Congreso de la República para que acelere la aprobación de esta ley a fin de poner freno al mal uso y abuso de las acciones de amparo que se han estado presentando en las excooperativas de trabajadores. Finalmente, el tema societario tiene que ser resuelto porque el tema va a seguir. Espero que el Gobierno Central, que también es accionista, haga valer sus derechos y, por último, que capitalice deudas que tienen esas empresas con instituciones como EsSalud, Sunat, a fin de que el Estado tenga más acciones y pueda ser determinante su presencia en los directorios de las empresas.

Esto acarrea que haya muchos jueces suplentes que se encargan de emitir esas acciones de amparo. ¿Cómo reducir la cantidad de jueces supernumerarios que muchas veces emiten resoluciones irregulares que no solo hacen perder tiempo, sino justicia?

El Poder Judicial pierde imagen. Esa es la verdad, yo no lo puedo negar. Hay muchos jueces supernumerarios que han actuado irregularmente, sobre todo lo que hemos venido hablando, acciones de amparo bastantes sospechosas. Y luego algunos de ellos han renunciado, y como no son jueces titulares, ellos un poco como que no arriesgan mucho su trabajo porque al día siguiente el presidente de la corte les puede retirar la confianza y se van, lo que no ocurre con jueces titulares.

Lo ideal es que todos los juzgados del Perú deben ser desempeñados por jueces titulares, esa es la primera acción. La segunda solución es mejorar la remuneración de los jueces supernumerarios porque a veces el ganar sueldos bajos es una tentación para recibir prebendas. Eso lo hemos resulto parcialmente porque hemos logrado un aumento del 60% de lo que ganaban, es decir, están ganando muy cerquita de lo que ganan los jueces titulares. Eso los va a alentar para que no incurran en una medida irregular.

¿Lo ideal no sería reducir esa cantidad?

Una de las medidas importantes es, prácticamente, reducir a cero la cantidad de jueces supernumerarios, que ahora son más de 500 en todo el Perú, y eso pasa porque el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) haga la convocatoria a concurso, y en ese terreno estamos coordinando para que se convoque y todos los jueces sean titulares. Esa medida también nos va a ayudar a resolver ese problema.

Hablando del CNM, ¿cree en una reestructuración?

El CNM es constitucionalmente autónomo. Que tenga deficiencias, las tiene como las tiene el Poder Judicial, el Ministerio Público. Que está en una aparente crisis, sí, pero yo creo que ha logrado superar, y ahora, lo único que tenemos que esperar es que termine su mandato, y en este curso debe producirse reformas estructurales desde el punto de vista legal. La corte suprema está terminando un proyecto de ley sobre reforma del CNM. El propio presidente de la República presentó un proyecto de ley. Nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial planteamos que los consejeros de las universidades nacionales sean elegidos entre rectores o decanos de facultades de derecho y no cualquier profesor que a última ahora aparece como candidato, y lo mismo con las universidades particulares. Y los representantes del Colegio de Abogados deben ser entre exdecanos; es decir, personas que hayan tenido una mínima autoridad, mínimo reconocimiento dentro de su gremio. También, los jueces.

¿Tiene que haber un cambio en la composición?

Sí, pero también tiene que respetarse la intervención de la sociedad civil en el CNM. No estamos de acuerdo con la politización del CNM cuando se propone que el Congreso designe consejeros, que el Poder Ejecutivo designe consejeros, es un tema que lo hemos superado muchos años atrás, que traía malas consecuencias para la provisión de los jueces.

¿Hay algo más que quisiera aportar?

Estamos en la reunión anual (viernes) de los presidentes de las 35 cortes del país; incluso está participando la Sala Penal Nacional, a cargo de la doctora Inés Villa Bonilla, sala con la cual hemos tenido una discrepancia por el tema de las competencias del juez Carhuancho, que, supuestamente, lo íbamos a apartar, eso no ha ocurrido. La sala penal está subordinada el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Ya le hemos pedido al CNM que suspenda el concurso de jueces titulares de la Sala Penal Nacional porque estamos yendo a una unificación en un solo órgano jurisdiccional para que estén juntos la Sala Penal Nacional, que vería crimen organizado, y el Sistema Nacional Anticorrupción, que vería los temas de corrupción.

Además, vamos a inaugurar el primero de marzo 16 juzgados anticorrupción en los departamentos de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, del Santa, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno y Ucayali. En Trujillo se van a instalar dos juzgados anticorrupción.

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