El recaudo electrónico, un fracaso en la gestión edil

Desde hace más de una década, en la provincia de Trujillo, un sector en el que se ha agudizado el caos y la inseguridad es, sin duda, el Transporte, ya sea público o privado.

Todos, en mayor o menor magnitud, han aportado negativamente para que hoy en día lanzarse a las pistas para acudir a tu centro de labores manejando tu propio vehículo o como pasajero en un microbús, sea una verdadera odisea.

Elidio Espinoza Quispe, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), conoce muy bien de esta problemática social, por eso poco tiempo después de que asumiera funciones impulsó uno de los componentes que, desde su punto de vista, permitiría más adelante iniciar una reforma integral en el sector Transporte. Nos referimos a la implementación del Nuevo Sistema Único de Recaudo Electrónico.

Sin embargo, de acuerdo a lo precisado ayer por el regidor Pablo Penagos Ruzo, desde hace seis meses todo acto administrativo para concretar esta concesión para el sistema de recaudo electrónico ha quedado paralizado por una controversia legal entre Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT) y la concesionaria Graña Montero Digital (GMD). Además de ello, una orden judicial ha prohibido avanzar este proceso.

SIN CONSENSO. Pero, estos últimos inconvenientes solo han significado el colofón de una serie de problemas que ha tenido que enfrentar Elidio Espinoza por su afán de querer sacar adelante este proyecto contra viento y marea.

Primero, este plan, que busca ordenar y modernizar el servicio de transporte público, lejos de generar el acuerdo de todas las partes involucradas, terminó por provocar divisionismo, denuncias y una serie de desavenencias, entre el burgomaestre, regidores, empresarios y choferes.

A Elidio Espinoza y al gerente del Transporte Metropilitano de Trujillo (TMP), Carlos Cipriano, se les acusó de haber suscrito ilegalmente el contrato para la concesión del Sistema único de Recaudo Electrónico con Recaudo Trujillo SAC, que pertenece a la empresa Graña Montero Digital (GMD).

Los concejales sostuvieron en su momento que no se contó con la aprobación del concejo para dar ese paso.

ADENDA. Luego se le sindicó al burgomaestre y a los representantes del TMT haber llegado a un acuerdo con la empresa concesionaria Recaudo Trujillo SAC para extender por seis meses más el plazo que les permita cumplir con una de las condiciones estipuladas en la etapa pre operativa del contrato.

Es decir, la concesionaria tenía que cumplir en un periodo de 12 meses con la condición de adherir al sistema de recaudo electrónico a 1,379 transportistas, que es el 50% de los hombres del volante que trabajan en Trujillo.

El plazo culminó el 14 de abril de 2017; pero, como no se cumplió, se le dio a la concesionaria seis meses más.

VEÍA LA LUZ. No obstante, todos estos problemas fueron superados por Elidio Espinoza y sus funcionarios; pero otro inconveniente surgió de forma inesperada.

Ocurre que se dio una controversia de orden legal relacionada a la absorción de la empresa GMD por la empresa Palo Alto, que terminó por adquirir todas sus acciones.

Carlos Cipriano, gerente del TMT, consideró que esa cambio de dueño de la concesionaria era perjudicial al contrato de concesión, por lo que se acordó contratar los servicios de un abogado Amigable Componedor, para que se resuelva el tema a favor de ambas partes.

ORDEN JUDICIAL. Empero, fue en ese interín que surgió una medida cautelar por parte de un juez a petición de Orlando Villanueva, representante de la empresa de microbuses César Vallejo, quien estaba en contra de la implementación de este sistema, pues la consideraba perjudicial para los intereses de los hombres del volante.

“Todo ha quedado en suspenso hasta que no se resuelva esa medida cautelar que paraliza todo acto administrativos”, explicó Pablo Penagos.

El concejal precisó que en tres semanas se debe estar resolviendo este tema a nivel judicial, por lo que espera que cuando el tema vuelva a ponerse en agenda en el pleno, y se tenga que aprobar las concesiones para la reforma del transporte, ninguno de sus colegas se oponga.

“Hay regidoras como Esperanza Yarlequé y Rocío Taboada que tienen sus intereses personales y se oponen a estas reformas, esperemos que eso cambie, ya que de lo contrario será difícil avanzar este proceso”, manifestó Penagos.

LO RESPALDAN. Bernando Alva, gerente general de la MPT, también opinó sobre el tema y lamentó que proyectos como estos que buscan modernizar el transporte en la ciudad, sufran atrasos por parte de algunos regidores que anteponen sus intereses personales antes que los ciudadanos.

“Como ven que es algo que genera algún logro para la gestión, entonces se oponen”, resaltó.

DESINFORMADO. Rocío Taboada Pilco, aludida en este embrollo, se defendió y aclaró que si la concesión del sistema de recaudo electrónico está paralizada no es por responsabilidad de los regidores.

“Yo lamento mucho las expresiones del gerente municipal, pues él debe estar informado de toda la parte administrativa y el porqué no se aprueban ciertos proyectos dentro de las sesiones de concejo. Es lamentable que un abogado culpe a los regidores de un proyecto que empezó mal y que quieren que a como de lugar lo aprobemos”, indicó.

Taboada dijo también que lo único que demuestra la actitud de Bernardo Alva es que hay funcionarios del más alto nivel que no reúne el perfil para estar en esos puestos.