Elías Rodríguez, Richard Acuña y Daniel Salaverry bajo sospecha

En el ojo de la tormenta se encuentran dos parlamentarios de la región La Libertad pertenecientes justamente a dos de los partidos políticos de mayor influencia en la región.

Congresistas. Se trata de Richard Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y Elías Rodríguez, del Partido Aprista Peruano (PAP). El primero habría incurrido en conflicto de intereses al haber realizado gestiones a favor de la Universidad Señor de Sipán ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

Mientras que Rodríguez fue encontrado en la lista de proveedores de Transportes Don Reyna, empresa creada por Luis Nava, secretario de Palacio en el gobierno de Alan García, y que logró hacerse de varios contratos con Odebrecht, además de estar acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña.

ACUÑA

RESPONDE

El dominical, en su informe, aclaró que Richard Acuña estaría cometiendo incompatibilidad de funciones, dado que el artículo 92 de la Constitución señala que un parlamentario no puede ser apoderado de una empresa, ni miembro del directorio ni tampoco representarla ante entidades estatales.

José Elice, exoficial mayor del Congreso, sostuvo que en caso el hijo del excandidato presidencial César Acuña haya presionado de alguna manera a la Sunedu con el fin de obtener el licenciamiento para la universidad, estaría incurriendo en una falta ética y que por lo tanto la Comisión de Ética Parlamentaria deberá revisar su caso.

REDES

En otro tweet, Acuña conminó a Panorama a retractarse, de lo contrario enviará una carta notarial.

Investigación. La Comisión de Ética del Congreso, presidida por Janet Sánchez, aprobó ayer abrir una indagación preliminar de oficio contra el congresista de APP, Richard Acuña, por ser acusado de haber representado a la universidad privada ante la Sunedu.

En ese sentido, Sánchez precisó que más allá de las licencias que los parlamentarios puedan solicitar, siempre representan al Congreso de la República.

A diferencia de Acuña, el parlamentario aprista Elías Rodríguez ha preferido guardar silencio respecto al informe presentado por el programa dominical Cuarto Poder, en donde se indica que la empresa Transporte Don Reyna le realizó pagos por montos de 5,000 soles, 6,450 y 5,000 dólares.

De acuerdo al reportaje presentado por el dominical, la empresa Transportes Don Reyna -que daba servicios de carga pesada y contaba con sus propios proveedores- fue creada por Luis Nava, quien según Jorge Barata era la persona que recibió dinero por parte de la empresa brasileña Odebrecht, y esta versión ha sido confirmada por su propio hijo José Antonio Nava Mendiola, quien es dueño de la empresa de transportes.

Nava Mendiola ha confesado a la fiscalía que su padre recibió sobornos de Jorge Barata y que él mismo entregó mochilas con dinero.

REPORTES

El parlamentario afirmó brevemente al programa que “no es ni ha sido proveedor” de la empresa de Nava y que explicará qué pudo haber ocurrido, pero “que no hay nada irregular”.

Correo intentó comunicarse con Rodríguez, justamente para preguntarle ¿por qué aparece su nombre como un proveedor de la empresa?, y ¿cuál es su relación con Luis Nava y con la empresa Transporte Don Reyna?

 El aprista y exparlamentario Daniel Robles manifestó que de acuerdo a lo que conoce, Elías Rodríguez es “amigo” de Luis Nava y compadre de su hijo.

“Si ese compadrazgo y amistad lo han traducido a dinero no podría decirlo, no me consta, y si hubiera sido así sería muy criticable, pero creo que ahí hay mucho que investigar”, sostuvo.

Para Robles, la Fiscalía debería realizar una investigación exhaustiva, pues no se le debe dar toda la responsabilidad a Luis Nava y a su hijo.

Consideró que el daño al partido es irreparable, más aún con la muerte del expresidente Alan García.

“Por el hecho de que Alan García haya muerto todo el mundo va a decir que le ha dado dinero. Estos señores por qué no dijeron eso antes que se muera Alan”, agregó.

SALAVERRY

Previamente, Daniel Salaverry recibió la denuncia de un ciudadano por una presunta falta en el código de ética parlamentario. La acusación fue dirigida a la Comisión de Ética del Legislativo, presidida por su colega Janet Sánchez.

La imputación en contra de Salaverry fue enviada a mesa de partes el 15 de abril, en la que se cuestiona que el congresista realizara unas críticas a la mesa directiva antecesora por tener a personal trabajando por “padrinazgo”, cuando en la actualidad él ha contratado personal para el Congreso que ya había trabajado en una compañía a su nombre.

El presidente del Congreso acudió este lunes a la Comisión de Ética Parlamentaria para dar sus descargos por la investigación que se le sigue por haber presentado, entre el 2017 y 2018, informes de al menos ocho semanas de representación en los que da cuenta de actividades que no habría realizado.