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No estamos en el mes patrio pero varios de los funcionarios del alcalde Elidio Espinoza Quispe empezaron -y empezarán- a “desfilar” por los pasillos de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, como parte de las investigaciones del controvertido caso Vaso de Leche.

LOS INVOLUCRADOS. En esa línea, el fiscal Víctor Bazán Alagón incluyó al gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Ismael Iglesias León, a la subgerente de Abastecimiento, Celia Rodríguez Seminario, y a la exgerente de Asesoría Jurídica, Silvia González Durand, en la acusación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

Además, a la actual gerente de Administración y Finanzas, Nelly Salvatierra Nontol, a la entonces asesora legal Marilú Paredes Peña, a la exgerente de Desarrollo Social, Damisela Moreno Díaz (todas ellas en su condición de integrantes del Comité Especial encargado del proceso de licitación pública para la adquisición de leche fresca de vaca para el referido programa social); y a Claudia Ysla Angulo, quien es representante legal del Consorcio Island, empresa que ganó el citado concurso licitador. Sobre las mencionadas pesa la presunción de delito de colusión en agravio del Estado.

Al respecto, Damisela Moreno declaró que “colaborará” con las investigaciones y que acudirá a las citaciones fiscales. “Yo soy la primera en querer que todo esto se aclare y se sancionen a los responsables de un hecho irregular que me atreví a denunciar en su momento”, explicó.

CITADOS. Tal es así que el último jueves 7 de mayo -ante dicho despacho fiscal- fue citada la entonces veedora del Órgano de Control Interno (OCI) de la MPT durante el proceso de licitación, Patricia Marín Córdoba, para que rinda su declaración testimonial de estos hechos que fueron denunciados públicamente el pasado martes 24 de febrero por el regidor Carlos Fernández Verde.

Cabe recordar que se cuestionó a dicha veedora debido a que -según Fernández- “debió haber verificado que las personas estén debidamente acreditadas y notificadas para inciar el proceso. No entiendo porqué el apuro para hacer la licitación”, fustigó aquella vez el concejal.

Otro de los que debieron rendir su manifestación el mismo 7 de mayo fue el señor Jhonny Mantilla Ysla (primo de Claudia Ysla) quien denunció al Consorcio Island de haber usado su firma para hacerlo pasar como proveedor del lácteo para el mencionado programa social de la comuna de Trujillo.

BUSCABAN APARTARSE. Ahora bien, según consta en el expediente fiscal, el 24 de marzo tanto Nelly Salvatierra, Marilú Paredes Peña y Celia Rodríguez Seminario solicitan el “archivo de la investigación” y la “inhibición del recurrente” (en este caso piden que el fiscal Víctor Bazán Alagón se retire del caso) argumentando que “favorece al denunciante Carlos Fernández Verde”, se lee.

Sin embargo, el propio fiscal resuelve “declarar improcedente el pedido de inhibición solicitado por las ciudadanas: Nelly Salvatierra...”, se enfatiza.

“Quien nada debe nada teme. No entiendo por qué las señoras querían apartarse del proceso”, espetó Damisela Moreno.

“SÍ LO PEDIMOS”. En repuesta de ello, Salvatierra Nontol admitió que en un primer instante solicitaron que se archive la investigación, pero remarcó que lo hicieron pidiendo que primero se agoten las vías administrativas. Pero al no hallar resultado a su pedido, tuvieron que aceptar la disposición fiscal.

“Somos personas de derecho y no tenemos porqué estancar una investigación. Si pese a que buscamos que todo este tema sea agotado en la vía administrativa el fiscal considera que debe llevarse a otra vía, tenemos que acatarla”, señaló.

“CANTARÁN”. De este modo, cabe mencionar que para el próximo 14 de mayo tanto Claudia Ysla Angulo, Damisela Moreno Díaz y Marilú Paredes Peña, tendrán que rendir su declaración ante la fiscalía en horario de 9 a.m., 11 a.m. y 2 p.m., respectivamente.

Asimismo, un día después hará lo propio Nelly Salvatierra Nontol, Silvia Gonzales Durand y Celia Rodríguez Seminario.

Finalmente -y como parte de la investigación preliminar- será el gerente municipal y excandidato al gobierno regional por el Movimiento Regional Para el Desarrollo con Seguridad y Honradez (MRDSH), Ismael Iglesias León, quien haga sus descargos correspondientes ante el Ministerio Público.

Buscamos la versión del cuestionado hombre de confianza del burgomaestre Elidio Espinoza, pero no hallamos respuesta.

EL CASO. En resumidas cuentas, aquel 24 de febrero Fernández Verde denunció el hecho por consideralo “irregular”, aduciendo que en este tema se produjo un “extraño apuro” al adjudicar y sacar adelante la licitación, ya que esta contravino a las normas y los plazos regulares señalados en la Ley de Contrataciones del Estado. Además, indicó que “hubo presiones” de por medio para “silenciar” el caso.

En ese sentido, se explicó que el último 26 de enero, mediante la resolución de Gerencia Municipal N° 052-2015-MPT/GM, el titular de dicha oficina, Ismael Iglesias León, “aprobó un contrato adicional y una adenda con el Consorcio Island (proveedor desde el 2014), por un monto de 52 mil 683 nuevos soles (que significa el 4,11% del contrato del 2014), para atender a los beneficiarios los días que demora la licitación en proceso”.

NO PROCEDÍA ADENDA. No obstante, ese mismo día, la cesada gerente de Asesoría Jurídica de la MPT, Silvia González Durand, mediante un documento enviado a la Subgerencia de Abastecimiento, que dirige Celia Rodríguez Seminario, y que según Carlos Fernández también se hizo conocer el mismo a Iglesias León, se le avisa que dicha adenda no procedía.