Gobernador iría al Tribunal Constitucional para evitar que Consejo interpele a gerentes

Ante la aprobación de la Ordenanza Regional N° 013-2020-GRLL-CR, que establece el nuevo Reglamento Interno del Consejo Regional de La Libertad e implementa mecanismos de interpelación y censura a funcionarios del Gobierno Regional, el gobernador Manuel Llempén Coronel dejó abierta la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional en contra de esta decisión.  

“Si creo que lo que aprueben tiene vacíos legales, para eso existe el Tribunal Constitucional. Hay un marco legal que voy a observar después de mi intervención y la respuesta final que adopten”, acotó, tras exponer ante el pleno del Consejo.

La máxima autoridad regional observó la decisión de los consejeros, que aprobaron el proyecto de ordenanza con 12 votos a favor y dos abstenciones, porque dijo iría en contra de la Constitución.

“Esta prerrogativa corresponde solo al Congreso de la República. La interpelación y censura son mecanismos parlamentarios, como lo señala la Constitución del Estado. Las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas”, puntualizó.

Manuel Llempén, incluso, recordó que una ordenanza similar, la 026-2015 que presentó el Consejo del Gobierno Regional de la Región Lima, ya fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

Agregó que su oposición a esta ordenanza no significa que se oponga a las labores de fiscalización de los consejeros. Incluso, afirmó que si algún representante provincial tiene reclamos de funcionarios y necesitan información se la pidan a él de manera directa para responderles en el día.

Hay que indicar que esta norma señala que la interpelación al funcionario puede terminar con una moción de confianza, si lo solicita el funcionario, o de censura si la solicita cualquier consejero regional, siendo aprobada por la mayoría legal, que es de ocho votos. Si se aprobará la censura, se solicitará al gobernador regional el cese en un plazo de 48 horas de notificado por el Consejo, bajo responsabilidad de la máxima autoridad regional en caso de incumplimiento.