La Contraloría General de la República recuperó su facultad sancionadora, tras ello, solo en la región La Libertad, hay 21 funcionarios que serán sometidos a procesos que podrían terminar con la inhabilitación o expulsión de la carrera pública. El gerente regional de Control, Joan Ramírez Merino, refirió que los casos se resolverán de manera más célere.

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En la mira

“La reactivación de la facultad sancionadora de la Contraloría es importante porque esto va a permitir aplicar sanciones más célere a aquellos funcionarios que se lo merezcan y que hayan sido involucrados en este informe”, declaró.

Precisó que anteriormente “una sanción administrativa podía demorar hasta dos años, y en esta oportunidad estamos hablando de 6 meses, obviamente con la posible sanción y una inhabilitación y expulsión de la carrera pública”.

El funcionario confirmó esta información durante la presentación de los resultados del control gubernamental realizado en el 2022 en la región. Ahí mencionó que se emitieron 1,538 informes de control concluidos, de los cuales 584 corresponden al control posterior que incluye ocho auditorías de cumplimiento, 76 servicios de control específico, 20 auditorías financieras, una auditoría de desempeño y 479 acciones de oficio posterior.

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El perjuicio

En ese sentido, afirmó que el año pasado se registró un perjuicio superior a los 27 millones de soles contra el Estado.

“Esta situación se presenta en toda la región, lamentablemente, pero creo que vamos a incidir en el tema. Los funcionarios tiene que cumplir a cabalidad la norma”, indicó.

En marzo, la Contraloría pondrá en marcha un megaoperativo para verificar que los funcionarios designados en cargos de confianza de los diferentes gobiernos locales y de la Región cumplan con el perfil profesional.