El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, ha puesto en evidencia serias falencias en el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia en Trujillo, donde coexisten la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El magistrado aseguró que no todos los detenidos en situación de flagrancia son conducidos a esta unidad especializada, lo que complica la administración de justicia en la región.

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Alerta

“Falta compromiso. Del 100% de los casos de flagrancia que han llegado a conocimiento de los jueces, el 90% ya han sido sancionados en dos meses. Entonces, ¿qué esperamos?” expresó el juez durante la ceremonia de juramentación de la subprefecta del distrito de La Esperanza, Yuliana del Pilar Velásquez Reyna.

Según Burgos, en la Unidad de Flagrancia Piloto que operaba en El Porvenir, solo el 5% de los detenidos son llevados a esta sede, mientras que la mayoría de los casos se resuelven en las comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta situación ha llevado al presidente de la Corte Superior de Justicia a presentar documentación oficial para investigar el proceder de estos casos, evidenciando una problemática que se ha mantenido durante los últimos dos años. “Menos del 95% de los detenidos a cargo de la Policía eran conducidos a la Unidad de Flagrancia”, afirmó.

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Respecto a la nueva sede de la Unidad de Flagrancia, ubicada en la urbanización Los Granados, Burgos informó que solo se lleva al 20% de los intervenidos en esas circunstancias. “La Policía sigue deteniendo todos los días en flagrancia, pero no los lleva a todos. Hemos aumentado, ahora nos llevan a un 20%, ya no menos del 5%”, indicó.