Cada día que pasa se complica más la situación legal y administrativa del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán.
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Ocurre que mediante el expediente N° JNE.2023002128, de fecha 10 de julio de 2023, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) trasladó al Concejo Provincial de Trujillo la solicitud de suspensión presentada por el ciudadano Luis Enrique Kong Montoya, en contra de Arturo Fernández Bazán por la causal prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, por la sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso de difamación.
En ese sentido, se les requiere a los miembros del Concejo Provincial de Trujillo que cumplan con tramitar la solicitud de suspensión conforme al procedimiento legal establecido en la ley.
Esto significa que en un plazo no mayor de 30 días deben convocar a sesión extraordinaria para decidir la situación del alcalde provincial. Los regidores podrían celebrar la sesión en menos tiempo.
JUICIO ORAL
Además de ese proceso de suspensión que pesa sobre el alcalde, el 26 de julio Arturo Fernández tendrá que acudir al juicio oral por la querella que le interpuso Ricardo Morales Gamarra. exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. El denunciante lo acusa de vincularlo, sin prueba alguna, con “actos de corrupción” y el “tráfico de piezas arqueológicas.
INVESTIGACIÓN
Y como si eso no fuera suficiente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios le abrió investigación a Arturo Fernández y los que resulten responsables por el presunto delito de peculado de uso en agravio de la MPT.
Al burgomaestre se le investiga por presuntamente usar equipos y bienes de la comuna de Trujillo para un beneficio personal.
En efecto, al burgomaestre se le imputa haber usado equipos como la pizarra digital, los ambientes de la alcaldía y otros implementos para transmitir mediante redes sociales (Facebook) información y descargos que nada tienen que ver con su función de alcalde.
El caso se remonta al pasado 8 de junio, cuando el burgomaestre protagonizó un hecho bochornoso en la Prefectura. Luego acudió a la alcaldía para usar los equipos y defenderse.
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El JNE notificó al Concejo para que programe sesión y sea suspendido. El 26 de julio afrontará juicio oral por otra denuncia por difamación. Además, la Fiscalía le abre investigación por peculado de uso