La Contraloría General de la República emitió, en el último mes, 10 informes en donde evidencia irregularidades en los trabajos que ejecutan cuatro municipios de la provincia de Trujillo en las pistas, lo que afectaría su durabilidad y perjudicaría las arcas ediles.

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Así van

De la decena de resoluciones que advierten anomalías, seis se detectaron  en proyectos de “reparación de pavimento, sardinel y señales de tráfico” que ejecuta el municipio de Trujillo.

La primera alerta se dio en la avenida Los Colibríes, tramo que va desde Antenor Orrego hasta Larco. Ahí se indica que  los “trabajos de colocación de carpeta asfáltica incumplen las especificaciones técnicas establecidas en el expediente”, lo que ocasionaría que “no se asegure la calidad, durabilidad y cumplimiento de los objetivos de la obra”. Además, se advierte que hay “riesgo de que la entidad pague en exceso al contratista”.

En las labores de la avenida Uceda Meza, tramo que va desde América Norte hasta Miraflores, se detectó que “la supervisión dio conformidad a la valorización de la obra N° 1, pese a que incluyó algunos parches con dimensiones distintas a las realmente ejecutadas”.

Asimismo, en las obras de la avenida Indoamérica, desde Túpac Amaru hasta Nicolás de Piérola, “la supervisión no viene asegurando la calidad requerida para la obra, al permitir que se conforme la base granular en parches con un material que incumple las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto”.

Asimismo, en los trabajos entre la calle Mantaro y el jirón Puno, desde la avenida César Vallejo hasta Salvador Lara, se alertó que la “la supervisión permitió que el residente de obra ejerza funciones sin estar habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú”, “lo que afectaría la validez de los documentos suscritos y la legalidad de sus actos”. Además, el material usado para los parches incumpliría las especificaciones técnicas.

Más anomalías se detectaron en la avenida Antenor Orrego, desde Colibríes hasta Jesús de Nazareth. Ahí el jefe de supervisión “no se encuentra de manera permanente en la obra”. Asimismo, los trabajos de concreto y pavimentación se hacen “sin cumplir con el procedimiento constructivo establecido”.

Por último, se detectaron situaciones adversas en el proyecto de la avenida Mansiche, desde el baipás hasta la calle La República. Acá “la entidad no cautela la permanencia del jefe de supervisión ofertado por el consultor”.

Más alertas

En Huanchaco, en tanto, se detectaron irregularidades en la obra de mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en Los Eucaliptos, en el centro poblado Víctor Raúl. “La ejecución de juntas de dilatación, veredas y sardineles de concreto contravienen lo estipulado en el expediente técnico”, dijo la Contraloría.

La municipalidad huanchaquera también está en la mira por la obra ejecutada en las avenidas Cajamarca, Las Palmeras, La Paz y La Mar, en el sector II de Las Lomas. Acá “el contratista presentó la liquidación de la ejecución de obra con cifras inexactas”.

Estas anomalías generan “el riesgo de que la entidad pueda realizar pagos indebidos”.

En tanto, el municipio de El Porvenir es cuestionado por los trabajos de transitabilidad vial en las calles del sector Nuevo Florencia 2. En el presupuesto de estas labores “se consideró insumos que carecen de cotizaciones, generando el riesgo de realizar un pago sin sustento de S/ 29,000″.

En la comuna de Víctor Larco la situación es más complicada. Acá se puso en tela de juicio la reparación de pavimento, vereda, sardinel y alcantarillado pluvial de la avenida Víctor Larco Herrera y la calle Antonio Mathey.

Según la Contraloría, se detectó que “la entidad registró en Invierte.pe una IOARR que incluyó la rehabilitación de alcantarillado pluvial inexistente”. Además, “se ejecutó la citada inversión por administración directa sin contar con los requisitos mínimos establecidos en la norma aplicable”.

Por este caso, la Contraloría pidió que se inicien acciones administrativas para Joanna Echegaray (jefa de Asesoría Jurídica) y Darlyn Tolentino (gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura). Este último, además, será denunciado penalmente.

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