La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 2 millones 132 mil 250 en el Proyecto Especial Chavimochic (PECH). Según el órgano de control, el pago de indemnizaciones por pérdidas en la infraestructura hidráulica mayor e infraestructura eléctrica del canal madre, canales de integración y canales laterales de este proyecto de irrigación, afectados por el fenómeno El Niño Costero el 2017, fueron pagados en un plazo posterior a lo establecido en la póliza de seguro, lo que ocasionó las pérdidas.

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Detalles

El Informe de Auditoría N.º 008-2021-2-0608-AC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del PECH, detalla que el siniestro ocurrió por el desborde de las quebradas de Ascope, Trujillo y Virú, así como por el deslizamiento de huaicos en algunas zonas del proyecto, entre el 14 y el 17 de marzo de 2017.

Agrega que tanto el adelanto del 50% como la liquidación final de la indemnización fueron pagados excediendo el plazo establecido en las bases integradas, propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, contrato y póliza de seguro.

Los auditores también detectaron que la aseguradora (consorcio) canceló el adelanto y el saldo final de la indemnización con 55 días y 101 días de retraso injustificado, respectivamente.

Asimismo, la constancia de prestación del servicio fue emitida a pesar de no haberse otorgado la conformidad a la prestación del servicio de seguro de obras públicas terminadas. Tampoco se cauteló la renovación de la vigencia de la carta fianza ni se aplicó las penalidades por incumplimiento injustificado en la prestación del servicio e intereses moratorios por demora en el pago, transgrediendo con ello lo dispuesto en la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento; y la Ley 29946 - Ley de Contratos de Seguros, entre otras normas.

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Responsables

Para los auditores, la responsabilidad de estos hechos que perjudicaron al Estado recaería en ocho funcionarios.

Entre los presuntos responsables estarían Miryam Roncal Zavaleta y Carlos País Vera. La primera ocupó entre el 2015 y el 2018 la jefatura de la Oficina de Administración, mientras que el segundo la reemplazó en el cargo y continúa laborando en el PECH.

También fueron implicados los jefes de Abastecimiento y Servicios Generales, Lucero Castillo Morales (estuvo en el cargo durante el 2018) y Jorge Bocanegra Vaella, que desde el 2019 se mantiene en ese puesto.

Además, se pidió investigar a James Alayo Castañeda (jefe de Control Patrimonial), Paola Obeso Ríos (responsable del trámite de expedientes de pago del Área Abastecimientos y Servicios Generales), Angie Sánchez Lazo (responsable del Área de Tesorería entre el 2019 y el 2021) e Iris Angulo Gonzáles (cajera).

El informe, asimismo, pide “poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación”.

Además, le indica al gerente de Chavimochic, Edilberto Ñique, “inicie las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de estos funcionarios y servidores”.