El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, anunció que luego de una reunión con funcionarios del Ministerio del Interior se coordinó el envió de 300 policías a la provincia de Pataz, con la finalidad de combatir la incursión de organizaciones criminales en la minería ilegal.

“Estamos trabajando en ese sentido y esperamos una respuesta pronta del Ministerio del Interior. Hemos hablado con los asesores y debemos definir pronto la presencia de 300 policías especializados para intervenir en el tema de la minería ilegal”, dijo.

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Sesión

Agregó que durante la reunión en Trujillo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se desarrollará el próximo 22 de agosto, exigirá que la nueva declaratoria de emergencia por inseguridad que está solicitando venga acompañada de presupuesto, un plan operativo y más efectivos policiales.

Para este cónclave se tiene prevista la llegada del presidente Pedro Castillo y sus ministros.

“Esperemos que con la sesión en Trujillo logremos que la nueva declaratoria de emergencia venga acompañada de presupuesto y personal de inteligencia, que es lo que se necesita para que esta sea efectiva y no solo un saludo a la bandera. Es lo que siempre hemos solicitado, pero en las condiciones en que nos dieron las dos emergencias anteriores es poco lo que pudo hacer. No hubo resultados destacables”, enfatizó.

Ahora hay enormes dificultades con la minería informal en Pataz, Otuzco y Sánchez Carrión; y en Pataz, al parecer, se están produciendo muertes que no se están registrando oficialmente y no se conocen en Trujillo. Esta es información que se debe confirmar y que seguramente los órganos correspondientes ya están investigando, añadió.

El gran peligro es que estas bandas que dan protección a los mineros ilegales y que se dedican a robar el material de los socavones a los mineros formales utilizan armas de largo alcance, incluso fusiles, lo que pone en grave riesgo la seguridad de los pobladores.

“La próxima semana exigiremos la toma de decisiones y esperamos que se defina un programa completo para atender la minería ilegal, el crimen organizado, el tráfico de tierras, narcotráfico, prostitución y actos delictivos de migrantes ilegales en nuestra región”, indicó Llempén.