El Consorcio Trujillo Crece ejecuta el cambio de redes de alcantarillado en ocho urbanizaciones del distrito de Trujillo y el último 21 de mayo le envió una carta notarial a la municipalidad provincial para exigir el pago de valorizaciones por más de S/ 3 millones. La gestión del alcalde Mario Reyna respondió y aseguró que ejecutarán la transferencia para no afectar más a los trujillanos. Sin embargo, advirtió presuntas irregularidades y apuntó contra la gestión de Arturo Fernández.

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Impacto social

Las familias que deberían ser beneficiadas, en realidad, viven un calvario. Pistas y veredas fueron destruidas y ahora solo respiran polvo.

“Lo que hemos podido verificar es que no realizan los trabajos como deberían. Esta obra de cambio de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias empezó en diciembre y para ello tenían un plazo de cinco meses, y por lo que vemos no van a terminar. Los vecinos ya no soportan el polvo y si las autoridades no hacen nada, vamos a tener que ejecutar un paro, no vemos otra salida”, indicó el alcalde vecinal de Mampuesto, Gerardo Reyes.

El Consorcio Trujillo Crece está integrado por las empresas Importaciones y Servicios E.I.R.L., y Grandes Xtructuras S.A.C. Ambas se unieron para intervenir en las urbanizaciones San Andrés, Vista Hermosa, Trupal, El Alambre, San Nicolás, Vista Bella, Huerta Grande y Santa Teresa de Ávila.

Audio clave

Si bien el alcalde Reyna aseguró que ejecutarán la trasferencia, afirmó que, recientemente, escuchó un audio en el que se revela una supuesta gestión indirecta sobre el pago de una valorización a favor de este consorcio, situación que sería irregular.

“El Ministerio Público ya debería estar aquí pidiendo información respecto de ese expediente y de esa valorización. Se ha escuchado claramente que la primera valorización solo fue pagada con factura. Es decir, nunca hubo informe de avance ni de supervisión. Nosotros vamos a revisar esta información e iremos a las instancias correspondientes”, afirmó.

La obra está valorizada en más de S/ 10 millones y el presupuesto debió ser gestionado ante el Gobierno Central.

“No existe causal de paralización ni de resolución de contrato. Ese dinero con el que se le ha pagado a la empresa es dinero de todos los trujillanos. Debió haber venido del Ministerio de Vivienda, pero la anterior gestión no hizo su trabajo. Entonces, para evitar la incomodidad de estas urbanizaciones, hemos metido la mano al bolsillo de Trujillo y hemos pagado”, agregó.

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