Fallo confirma derecho de posesión del Mininter sobre local usado por el gobernador y consejeros. Caso será llevado a la Corte Suprema.
Fallo confirma derecho de posesión del Mininter sobre local usado por el gobernador y consejeros. Caso será llevado a la Corte Suprema.

La Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó, en segunda instancia, el fallo que le da al Ministerio del Interior el derecho de posesión sobre la Casa de Gobierno, infraestructura que ocupan el gobernador Manuel Llempén y los 15 consejeros regionales para sesionar. También ordenó a la Región desocupar y entregar la propiedad.

Fallo

La resolución N° 28 confirma la sentencia emitida el 15 de enero del 2016, que “declara fundada la demanda sobre mejor derecho de propiedad, cancelación de asientos registrales, reivindicación e ilegalidad del procedimiento administrativo de saneamiento de inmuebles”, interpuesta por el Ministerio del Interior contra la Región.

Además, “ordena” que se “desocupe y entregue al Ministerio del Interior el bien inmueble ubicado en el jirón Almagro N° 442, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de lanzamiento”.

Al respecto, la prefecta Carolina Velasco dijo que ingresarán una medida cautelar para hacer cumplir el desalojo.

Recordó que ese espacio fue dado en sesión en uso al Gobierno Regional de La Libertad. Sin embargo, como requisito para que continúen ahí debían pagar el alquiler de un local para que funcione la Prefectura, lo que incumplieron.

Hubo incumplimientos de parte del Gobierno Regional, dejaron de pagar y posteriormente, incluso, trataron de establecer algunos asientos registrales poniéndolos a su nombre para apropiarse de lo que es la Casa de Gobierno”, indicó.

El consejero Greco Quiroz, por su parte, recordó que la Región aún puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema para frenar este desalojo.

Por ello, dijo que solicitó de manera “urgente” que el procurador Pedro Armas se presente en el Consejo para informar sobre las medidas que se adoptarán para evitar ser echados.

También propuso que se cree una comisión investigadora para determinar las razones por las que la Región no pagó, desde el 2014, el alquiler del local que usaba la Prefectura (de S/ 2,500 mensuales), pese a que así fue estipulado.