El Concejo Municipal ratificó la suspensión de Arturo Fernández. “Estábamos con los plazos vencidos. Es el JNE quien tiene ahora la decisión final”, dijo al término de accidentada sesión el regidor Mario Reyna, que la presidió, abordando la reconsideración al acuerdo de suspensión por un año en el cargo al alcalde de Trujillo.

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Con 12 votos a favor, por unanimidad de los concejales presentes -Reyna no votó, por presidir la sesión, y 2 regidores no pudieron ingresar- se denegó la reconsideración y se ratificó la suspensión del alcalde en vista que éste no se presentó y que no hubo nuevas pruebas que ameriten dejar sin efecto el acuerdo anterior.

El acta con el acuerdo de lo actuado en la sesión extraordinaria, que contó con la presencia del notario Apolonio de Bracamonte, se elevará pronto al JNE.

En la sesión se informó que temprano cesaron en el cargo al secretario general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jaime Cusma Iglesias, calificando esto como un intento de que la reunión no se realice y como una maniobra dilatoria, incluso las puertas de acceso a Palacio Municipal y Salón Consistorial estuvieron cerradas.

La sesión tuvo ribetes de violencia de manifestantes, a favor y en contra de la suspensión, quienes lanzaron huevos y agredieron a los regidores Mario Reyna, Sandra Trujillo y Andrés Sánchez, que debieron insistir para que se les abra la puerta de ingreso al Palacio Municipal para sacar adelante la sesión.

Lo criticable es que no se observó a personal del Ministerio Público, Prefectura y Policía Nacional. Estos últimos llegaron al final, después de algunos incidentes que pudieron degenerar y ocurrir actos de mayor gravedad.

Al iniciar la sesión, se leyó el Art. N° 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se precisaba que en ausencia del alcalde el primer regidor lo reemplaza y el Art. N° 15, donde se indicaba que una sesión convocada no puede dejarse sin efecto unilateralmente, salvo que sea a solicitud de dos tercios del Concejo Municipal.

La accidentada reunión tuvo que ser suspendida al registrase arengas y gritos que impedían su normal desarrollo, por lo que los concejales optaron por trasladarse del Salón Consistorial a  la Sala de Regidores para continuar con la misma.

Finalmente, se rechazó el pedido de reconsideración interpuesto por Fernández Bazán, tras haber sido sentenciado en segunda instancia por el delito de difamación agravada contra una oficial de la Policía Nacional.

COMUNICADO DE LA MPT

Previamente, a través de un comunicado se había hecho conocer que ante el anuncio de un grupo de regidores de pretender llevar a cabo la sesión extraordinaria que fue  postergada bajo la normativa vigente, se rechazaba ese intento de incitación a la violencia y al desconocimiento de la institucionalidad y la autoridad del alcalde.

Que, dentro de las responsabilidades, impedimentos y derechos de los regidores, no se encontraba el llevar adelante una sesión ya postergada. Por el contrario, los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos adoptados contra la ley.

Desconocer que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local es un acto grave. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. De ir contra ello, los regidores pueden ser denunciados penalmente por delitos tipificados con ribetes golpistas, precisaba el documento.

Por lo tanto, se tomarán las acciones necesarias en defensa de la institucionalidad municipal y se hace un llamado a la población a defender a su municipalidad ante este golpe contra el estado de derecho que se pretende en su desesperación por tomar el poder, señalaba en su parte final.

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