La Contraloría General evidenció que un funcionario y un servidor público de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, sin vínculo laboral actual con dicha entidad edil, registraron operaciones fantasmas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), con el propósito de girar tres cheques a su favor por la cifra total de S/ 120 mil.

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Al poco tiempo, ambos ex empleados públicos volvieron a girar otros tres cheques (pero esta vez sin registro en el SIAF), por el monto total de S/ 60 mil (uno por S/ 30 mil y dos por S/ 15 mil), que también fueron cobrados por el ex gerente municipal. El cobro de los seis cheques causó un perjuicio económico total de S/ 180 mil para la comuna provincial.

El Informe de Control Específico N° 015-2022-2-0421-SCE, que evalúa el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2022, concluye que fue un ex servidor público de la Subgerencia de Tesorería, quien generó el expediente SIAF por 120 mil soles -en la fase de compromiso y a nombre de un determinado consorcio- por el concepto “devolución de fondos de garantía de fiel cumplimiento”.

Luego, el entonces gerente de Administración y Finanzas realizó la fase de devengado y giro a nombre del referido consorcio, a pesar de que no era acreedor tributario y que la Municipalidad Provincial de Pacasmayo no mantenía obligaciones pendientes de pago con éste. El dinero fue extraído de una cuenta bancaria de retenciones que es utilizada para operaciones sin afectación presupuestal.

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En el caso, la Contraloría General identificó a un tercer presunto responsable. Se trata de la hasta ahora subgerente de Tesorería que omitió el control previo y concurrente en la ejecución del gasto, lo cual permitió que el ex trabajador de su subgerencia y el ex gerente simularan la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, y que se realizarán -sin sustento- los registros de las fases compromiso, devengado y girado.

Por los hechos expuestos las tres personas involucradas tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa, por lo que el informe de control fue comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de la acción penal, y al órgano instructor de la Contraloría General para la apertura del Proceso Administrativo Sancionador.

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