Las empresas y la corrupción

Lo que hoy ocurre con las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht es una situación inédita. Siempre, en las entrañas del poder, la política y el dinero, las empresas han tenido un papel preponderante, protagónico, estelar; sin embargo, nunca eran puestas en evidencia porque lo suyo era subrepticio y prácticamente intocable.

No solamente en el Perú. Ya lo había dicho el argentino Horacio Vertbisky: el periodismo, por ejemplo, siempre revela las tropelías de la política, pero rara vez, casi nunca, daba luces sobre los corruptores, los empresarios y privados que ponen el dinero para que la política se envilezca.

En nuestro país, los financistas y empresarios siempre tuvieron la sartén por el mango. Eran la versión de Fermín Zavala, el papá de Zavalita de la novela “Conversación en la Catedral” de Mario Vargas Llosa, promoviendo desde las sombras golpes de Estado cada vez que un gobierno deja de convenirles. Eran los mismos de la época del guano, los que salieron ganando con los Dólares MUC en tiempos del primer alanismo, hasta llegar a las trasnacionales, incluido Odebrecht, que empezaron a mandar plata en mano desde el fujimorismo hasta nuestros días.

¿Qué han sido, finalmente las empresas brasileñas del escándalo Lava Jato, sino la continuación de esa modalidad que consiste en poner presidentes y gobernar desde una oficina en la que se planeaban las aceitadas?

Las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), las compañías peruanas que se asociaron con Odebrecht, son versiones recientes de una historia recurrente en el país. Al ver la competencia del gigante en las licitaciones de los megaproyectos, solo quedó la alianza, el compartir de las utilidades y de los pagos para mantener la vigencia del sistema secular.

Y hoy, como iba a ocurrir tarde o temprano, esas empresas poderosas que han sido referentes de la construcción y la inversión de infraestructura caen en medio del barro de la corruptela a gran escala. No puede haber político corrupto sin empresa corruptora. Para que un alto funcionario del Estado reciba plata ilícita tiene que haber una mano coimera detrás. Eso debería haber estado escrito en las pantallas de CADE, que irónicamente se ha realizado por estos días.

Esto apenas ha comenzado. Con el pedido de prisión preventiva hecho por la fiscalía, quizás se está iniciando una era inaudita en este país.