Los 5 puntos lesivos del contrato para las obras de la III Etapa del Pech

José Murgia, exgobernador regional de La Libertad, le dice a César Acuña y a Luis Valdez, que él firmó el contrato el 2014, pero fue en la gestión apepista que se dio visto bueno a la adenda N°1
Los 5 puntos lesivos del contrato para las obras de la III Etapa del Pech

Los 5 puntos lesivos del contrato para las obras de la III Etapa del Pech

17 de Mayo del 2018 - 08:46 » Textos: Alex Martínez » Fotos: Correo

En estas últimas 48 horas, el contrato de concesión del diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech) ha cobrado un interés inusitado.

Los integrantes de la Comisión Lava Jato encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas en los que están involucradas la empresa constructora brasileña Odebreht, citó a dos exgobernadores regionales de La Libertad y al actual gobernador, para que informen al detalle sobre este contrato, y dos de ellos lo calificaron como “lesivo” para el Estado; mientras que el tercero sostiene todo lo contrario.

UNEN FUERZAS. Los que, a estas alturas del partido, han salido a sostener que el contrato de concesión es perjudicial para el Estado, son César Acuña Peralta, líder de Alianza Para el Progreso (APP), y Luis Valdez Farías, actual gobernador regional de Libertad. Es más, el primero de ellos aseguró ante la Comisión Lava Jato que si hubiera estado en sus manos, nunca hubiera firmado el contrato de concesión.

Mientras que Luis Valdez comentó que jamás hubiera firmado ninguna adenda para permitir que la empresa concesionaria Odebrecht-Graña & Montero siga al frente de las obras de la III Etapa del Pech.

No obstante, la tercera autoridad invitada a la Comisión Lava Jato, José Murgia Zannier, dijo ayer a Correo que firmó el contrato de concesión porque tenía el aval de Proinversión y otras instituciones del Estado. Además de ello, comentó que si César Acuña y Luis Valdez señalan que el contrato es “lesivo”, no entiende cómo el primero de ellos firmó una adenda, la número 1, que le daba mayores facilidades operativas a la empresa concesionaria Odebrecht-Graña & Montero.

A FAVOR DE ODEBRECHT. Ante esta controversia, Correo se agenció de una copia integral del contrato de concesión y, efectivamente, se halló los puntos calificados como “lesivos” por los apepistas y la contradicción en la que, según el aprista José Murgia, ambos caen al cuestionar el contrato.

PLAZOS. Como primer punto cuestionable en el contrato firmado por José Murgia, el 9 de mayo de 2014, figura el tema de los plazos para la entrega de los terrenos para ejecutar las obras (la presa Palo Redondo y el canal madre de 127 kilómetros), pues según se precisa estos deberá realizarse libre de personas u otras ocupantes, y en general libre de cualquier otro tipo de afectación que pudiera impedir el normal desarrollo de las obras o de las actividades de operación y mantenimiento.

El procedimiento se programó en dos etapas. La primera se concretará en los primero 30 días calendarios, en las que se entregarán los terrenos para las obras iniciales de la primer fase; mientras que en 180 días se entregará el terreno libre para las obras de la segunda fase.

Sobre este punto, el gobernador Luis Valdez indica que la entrega de las tierras se hacía en virtud a las expropiaciones que debían hacerse en el área de influencia del proyecto Chavimochic, las cuales incluso nunca fueron diseñadas y no se contaba con los recursos necesarios para ello, por lo que no hubo ni tiempo, ni dinero para expropiar tierras y, por ende, no pudieron liberarlas y cederlas a la concesionaria.

Como consecuencia de lo antes mencionado, se genera un segundo punto negativo para el Estado. Y es que al no entregarse los terrenos hasta octubre de 2014, la concesionaria quedaba facultada para solicitar dinero por daños y perjuicios.

EL CONTROL DE TODO. Un tercer punto considerado “lesivo” es que una de las condiciones del contrato era que el Estado Peruano entregue el control total del proyecto de irrigación, es decir Odebrecht- Graña &Montero no solo iban a mantener el control por 25 años de la III Etapa del Pech, sino también de la I y II Etapa, a pesar de que el Gobierno Nacional ya había invertido casi dos mil millones de dólares.

INVERSIÓN NO EQUITATIVA. En este punto hay que precisar que las obras de la III Etapa del Pech se programaron en dos fases y se había estimado un presupuesto de 715 millones de dólares.

Durante la primera fase se invertirían 373 millones de dólares, de los cuales 303 millones de dólares lo iba a financiar el Gobierno Central, mientras que 70 millones de dólares corría por cuenta del Gobierno Regional de La Libertad.

Ahora bien, para la segunda fase se tenía que invertir 346 millones de dólares y esto corría por cuenta de la empresa concesionaria; sin embargo, nunca llegó a invertir ni un dólar.

Otro punto “lesivo” fue que el contrato contemplaba la creación de la Unidad Técnica Funcional, que no era más que un grupo de profesionales con altos sueldos que iban a cumplir la función de supervisar las obras; pero que a la larga solo terminaron haciendo una duplicidad de funciones con una empresa internacional que fue contratada para lo mismo. Esto solo generó más gasto y burocracia al Estado.

RESPONSABILIDAD DE LOS TRES. En diálogo con este diario, José Murgia se defendió de los cuestionamientos por haber firmado este contrato de concesión.

“Cada quien es responsable de la época en la que ha administrado. Yo soy responsable hasta el 31 de diciembre de 2014, y con el acompañamiento de Proinversión yo firmé el contrato de concesión. Ese contrato tiene el aval de del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades públicas”, afirmó.

Murgia resaltó que en el 2015 la responsabilidad y la administración de las obras de la III Etapa del Pech estuvo en manos de APP.

“En esa administración los dos primeros años el proyecto caminó bien, y ¿por qué caminó bien? Porque el contrato estaba bien hecho; pero ellos firmaron una adenda, la número 1, con la que le daban más facilidades al concesionario, incluso más de la que tenía con el contrato original. Entonces cada quien con sus responsabilidades y no quieren lavar sus cosas con el anterior. Es una estrategia muy común, de aquello de lanzar cortinas de humo. Cada quien con su responsabilidad”, insistió el exgobernador regional aprista.

EL PLAZO ES MAYOR. A pesar de que el contrato señala lo contrario, José Murgia calificó como falso decir que solo había seis meses para liberar y entregar las tierras.

“Era un año y con seis más prorrogables porque eso estaba vinculado con el cierre financiero. Lo que pasa es que una cosa es que yo declare lo que yo quiera y otra es leer el contrato; pero insisto, cada quien con su responsabilidad, yo tuve el visto bueno de todas las entidades públicas. El contrato no fue lesivo durante los dos primeros años en que gastaron 200 millones de dólares, pero después ingresaron en problemas y ya fue lesivo, eso me parece una cortina de humo”, espetó.

El exgobernador regional propuso que se dejen de emitir declaraciones que solo buscan desviar las cosas por otros puntos que no están en cuestión.

“Yo firmé el contrato y ellos firmaron una adenda que le daba más facilidades al concesionario. Dice (César Acuña) que si por él fuera no firmaba el contrato, pero en cinco meses firmó una adenda”, acotó Murgia.

SOLO OPERATIVIDAD. El consejero regional Dante Chávez comentó que la adenda 1 firmada César Acuña el 2015 fue netamente operativa, para poder ampliar el plazo para entregar las tierras del canal madre porque tenían que expropiarse. “Además el gobierno central no había transferido los recursos financieros para dichas expropiaciones. En esta adenda se establece que no se modifica la situación financiera ni técnica de la obra. O sea no hay ningún costo adicional para el Estado”, sostuvo.

Pandora Slam

Lo más leído