Los efectos de “Lava Jato” en los proyectos del norte

La empresa brasilera Odebrecht, próximos a terminar el 2017, ha dejado daños en diferentes partes del país debido a las denuncias por supuestos pagos de coimas a nivel nacional.

En esta edición haremos un recuento de los perjuicios que deja Odebrecht, y también otra empresa brasileña del caso Lava Jato, Camargo Correa, en los diferentes proyectos especiales en los que estuvieron inmiscuidos en el norte del país.

PIURA. Aunque el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap) mantiene un avance físico lento, el gobierno ha desembolsado más de S/400 millones desde que comenzó su ejecución, en el 2010. La primera empresa que tuvo a cargo este proyecto fue la brasileña Camargo y Correa, envuelta en el escándalo Lava Jato.

Las dificultades para la ejecución del Peihap nacieron desde el gobierno del aprista César Trelles Lara, periodo en que a pesar de la inexistencia de estudios técnicos para su licitación, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de dinero para empezar los trabajos.

El año 2010, el MEF transfiere el dinero, pero es en mayo del 2011 cuando el expresidente Javier Atkins pudo celebrar contrato con la empresa Camargo Correa para iniciar las obras del primer componente, cuyo monto contractual ascendía a S/479’663,437.

A partir de aquella fecha, de acuerdo al informe de gestión 2013-PEIHAP, el Estado pagó S/183’486,000 a Camargo Correa (incluye nueve adicionales de obra), S/26’000,000 al consorcio supervisor Alto Piura y S/9’000,000 al Consorcio Ingeniería Alto Piura por la elaboración de diseños definitivos.

Sin embargo, en el 2013, el Gobierno Regional de Piura le resolvió el contrato a Camargo Correa, debido a una controversia, y luego ambas entidades se fueron a un arbitraje que ya culminó el 30 de octubre, pero cuyos resultados se conocerán recién el 15 de diciembre.

En el laudo arbitral, la socia de Odebrecht reclama el pago de S/143 millones al Estado por gastos generales, ampliaciones de plazo y daños y perjuicios, mientras que el Gobierno Regional de Piura pide que le devuelvan S/73 millones que le entregó como adelanto.

Posteriormente, en el 2015, el gobernador regional Reynaldo Hilbck lanzó a licitación el saldo de obra del Componente I, resultando ganadora la empresa Obrainsa Astaldi. No obstante, durante la actualización del expediente técnico no se detectó que la línea de transmisión-componente vital para continuar con los trabajos- estaba inoperativa, lo que originó que los trabajos de excavación del túnel trasandino se paralicen por casi nueve meses y que la empresa inicie tres arbitrajes por casi S/18 millones.

Para subsanar ese error, el gobierno regional le aprobó un adicional de S/1.5 millones y 70 días de ampliación de plazo para reparar dicha línea. El plazo se venció el 1 de agosto, y hasta ahora no ha entregado el trabajo culminado.

Hace unos días, la nueva contratista inició la perforación del túnel de salida. Si todo sale bien y no se presentan ampliaciones de plazo y más adicionales, la obra estaría lista en 2022.

Cabe destacar que el Peihap servirá para irrigar 19 mil hectáreas en el valle del Alto Piura, y ayudará a mitigar los efectos de Fenómeno El Niño, al represar aguas arriba. Sin embargo, hasta la fecha su avance físico es de menos de 6%, mientras que el desembolso de dinero que ha realizado el estado por este proyecto es de más de S/. 400 millones. Su costo actual es de S/. 500 millones.

LAMBAYEQUE. En la región Lambayeque, la empresa brasileña Odebrecht ejecutó el proyecto de irrigación Olmos - Tinajones con una inversión de 112 millones de dólares; sin embargo, también se ha visto envuelta en escándalos de presunta corrupción.

La compañía brasileña, a través de las concesionarias Trasvase Olmos y H2Olmos, suscribió contratos para ejecutar el emblemático proyecto con los expresidentes del Perú, Alejandro Toledo y Alan García, en julio del 2004 y julio del 2010, respectivamente.

Ambas concesiones por más de 20 años tuvieron por finalidad la operación y mantenimiento de la obra que permitió embalsar las aguas del río Huamcabamba a través del túnel Transandino para irrigar 38 mil hectáreas posteriormente subastadas. No obstante, la Comisión Lava Jato del Congreso de la República también halló anomalías en estas concesiones.

Específicamente, se cuestiona que tras la firma del contrato, el Gobierno Peruano haya quedado obligado a pagar a la concesionaria una tarifa por métro cúbico de agua trasvasada desde la vertiende del Atlántico hasta el proyecto Olmos.

Lo grave es que para fijar dicho pago, se consideró la totalidad del costo de inversión, sin tomar en cuenta el aporte de 77 millones de dólares que hizo el Estado Peruano.

Esta situación irregular que advierte el excongresista Juan Pari (quien presidió la comisión Lava Jato) fue tomada como base para iniciar una investigación contra los que resulten responsables, por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque.

Incluso, como parte de las primeras diligencias, fueron citados a declarar los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala para el mes de julio de este año con el fin de que expliquen “la participación que tuvieron en la firma de dichos contraros”; sin embargo, ninguno asistió.

El caso se encuentra comprendido en la carpeta fiscal N° 310 - 2016 a cargo de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, quien por el momento ha solicitado al Gobierno Regional de Lambayeque y a la agencia Proinversión, toda la documentación técnica del referido proyecto. Además ha citado a declarar al exfuncionario Enrique Salazar Torres y al actual gerente del proyecto Olmos, Juan Saavedra Jiménez.

LA LIBERTAD. Los efectos del escándalo de Odebrecht también alcanzó a la región La Libertad, y en esta parte del país el Proyecto Especial Chavimochic (Pech) sufrió las consecuencias.

Tras iniciar los trabajos en la III Etapa del proyecto a inicios del 2016, en noviembre del mismo año se paralizaron las obras, luego del conocido escándalo de corrupción que estalló contra la compañía brasileña.

A ello se sumó la demora por parte de Chavimochic para liberar los terrenos para el canal madre, entre ellos las 16,000 hectáreas que están en litigio con Agrícola Chicama, la demora por firmar una adenda y problemas financieros.

Ahora bien, en marzo del 2017 Odebrecht anunció su retiro de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic, obra que ejecutaba junto con Graña y Montero.

A través de una carta dirigida al Gobierno Regional de La Libertad, Odebrecht informó la terminación anticipada del megaproyecto Chavimochic. “Esto por causa imputable al concedente”, según la misiva enviada a la administración regional.

Juan Pari Choquecota, expresidente de la Comisión Lava Jato, durante una visita a Trujillo habló sobre la relación de la empresa Odebrecht con el proyecto Especial Chavimochic (Pech) y no descartó injerencia en manejos sospechosos.

“Todas estas investigaciones (sobre el caso Lava Jato) hacen sospechar sobre las obras donde metió la mano Odebrecht, supongo que debe haber algo. Hay que investigar todo”, dijo en ese entonces Juan Pari.

Cabe indicar que en enero de este año, el Consejo Regional de La Libertad solicitó que se incluya dentro de la investigación por el caso Lava Jato a los exfuncionarios del gobierno regional para responder por Chavimochic y Odebrecht.

Cabe indicar que el contrato fue suscrito a fines del 2014 durante la gestión de José Murgia Zannier como presidente regional de La Libertad.

ÁNCASH. Los escándalos por corrupción en torno a la empresa brasileña Odebrecht no han sido ajenos en Áncash. De hecho, al término de la emblemática investigación del caso “La Centralita”, la compañía ha sido incluida como una de las personas jurídicas investigadas.

Lo mismo pasó con dos exfuncionarios de esta firma, quienes también tienen esta condición. Se trata de Ricardo Antonio Paredes Reyes y el brasileño Eleuberto Antonio Martorelli. A ambos se les imputa el presunto ilícito de lavado de activos. El primero, como cómplice secundario; y al extranjero, en calidad de cómplice primario.

La Fiscalía ha puesto en la mira a Odebrecht y algunos de sus funcionarios en base a que según las indagaciones que ha hecho, se la habría ofrecido una coima de 2 millones y medio de dólares que el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, habría recibido por favorecer a la constructora en la adjudicación de la obra de la carretera Chacas - San Luis, en la sierra de Áncash, valorizada en 400 millones de soles.

Este indicio llevó a la Fiscalía a ampliar la investigación por lavado de activos contra Álvarez Aguilar y también contra su exgerente de Infraestructura, Dirsse Valverde Varas, quien según colaboradores eficaces era “el cajero” del exgobernador, ya que se encargaba de recaudar el dinero de los llamados “diezmos”. Pero las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la vía Chacas - San Luis, son una historia aparte. La Fiscalía imputa a César Álvarez, un grupo de sus funcionarios y empresarios de Odebrecht el delito de negociación incompatible, porque sostiene que se coludieron para favorecer a la empresa con el proceso de selección.-