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La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 336,600.00 en la Municipalidad Provincial de Otuzco durante el proceso de compra del terreno para la construcción del nuevo hospital en dicha localidad, durante los años 2015 -2016, debido a que la entidad incumplió con los criterios de selección señalados en la Norma Técnica de Salud, afectando la correcta administración pública y la imposición de penalidades por incumplimiento de contrato.
El nuevo hospital de Otuzco tiene como finalidad contar con las condiciones más adecuadas de salud de la provincia y localidades aledañas, y así beneficiar a unos 96,000 pobladores de esta zona alto andina. Además, permitirá que el actual nosocomio de la provincia otuzcana eleve su nivel de categoría y pase del II-1 al II-2; es decir que cuente con más unidades complementarias de servicio de salud como la unidad de cuidado intensivos.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N°016-2019-2-0420 determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 12 exfuncionarios de la comuna por la adquisición del terreno para el nuevo hospital, por el cual se pagó un total de S/ 450,000.00. Esta compra no consideró la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles de Propiedad del Estado, la cual establecía contar con una tasación fijada por el órgano competente, es decir, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La entidad optó por convocar el proceso de compra del terreno bajo la Ley de Contrataciones del Estado, en donde se determinó un valor referencial sin que exista tasación y acortó los plazos para el pago de la adquisición. Asimismo, se orientó las bases del concurso a un único postor, quien además no presentó documentación obligatoria.
Los hechos expuestos han beneficiado a un solo postor, permitiendo que se le otorgue la buena pro con un terreno que no cumple con disponibilidad de servicios básicos señalados en la norma técnica de salud, y a la fecha no cuenta con el servicio de alcantarillado, además de haber pagado un importe mayor al valor comercial, causando un perjuicio económico por S/ 291,600.00.
Además, el informe de auditoría señala que la entidad emitió la conformidad para el pago al contratista por la adquisición del terreno, aun cuando la inscripción del inmueble se realizó en la SUNARP fuera del plazo establecido en el contrato. Este y otros documentos no fueron observados por la municipalidad antes de aprobar el pago, generando un perjuicio económico de S/ 45,000.00, al no aplicar la penalidad por mora.
La Contraloría recomendó poner en conocimiento de la Procuraduría Pública, encargada de los asuntos judiciales de la entidad, el informe para que inicie las acciones legales contra los 12 exfuncionarios involucrados. Asimismo, dispuso el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los exservidores.
