OCI halla supuesto direccionamiento en compra de vehículos

El pleno del concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) autorizó a la Procuraduría Pública iniciar acciones legales contra ocho funcionarios, entre ellos cinco designados por el alcalde Elidio Espinoza Quispe.

El cuestionamiento contra los ejecutivos ediles es por, supuestamente, haber direccionado la licitación pública para la adquisición de 16 camionetas que fueron destinadas al servicio de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

Los concejales tomaron esta decisión luego de que el Órgano de Control Institucional (OCI) emitió el informe de auditoría N°002-2018, en el que detalla una serie de observaciones al proceso de licitación, cuyo monto de inversión fue de S/ 1’704,200.

DETALLES. De acuerdo a la investigación que hizo OCI al proceso de licitación pública N°001-2016, se concluye, en primer lugar, que se elaboró el requerimiento de las camionetas incluyendo en las especificaciones técnicas rangos y parámetros que coinciden en su totalidad con la marca “Nissan”, distribuida por la empresa Mannucci Diessel SAC.

El resto de marcas que se ofertan en el mercado imcumplían dichas especificaciones.

MAL ESTUDIO. Una segunda observación hecha por los inspectores de OCI es que en el estudio de mercado solo se utilizó la cotización presentada por Mannucci Diessel SAC, que con su marca “Nissan” era la única que cumplía con las especificaciones técnicas.

En tercer lugar se detectó que en las bases integradas del proceso para esta licitación, se estableció como documento de presentación obligatoria la copia de resolución de intendencia expedida por la Sunat, para acreditar la inscripción en el registro de bienes fiscalizados por esta entidad.

Sin embargo, dicho registro no tiene alcance para la actividad económica relacionada a la comercialización de camionetas modelo Pick Up.

No obstante, se determinó que solo Mannucci Diessel SAC contaba con este documento.

Ahora bien, el OCI descubrió que el plazo de entrega de las camionetas establecidas en las bases integradas en 45 días calendarios fue modificado al suscribirse el contrato, fraccionándolo en 25 días calendarios para la entrega de los vehículos, previo pago total de la adquisición.

Había otros 20 días calendarios para ofrecer la documentación (tarjetas de identificación, placas de rodaje y SOAT).

A pesar de no contar con la conformidad de la prestación, igual se le pagó a la empresa. Nunca se aplicó la penalidad por el retraso injustificado.

PERJUICIO ECONÓMICO. Los hechos señalados habrían ocasionado a la Municipalidad Provincial de Trujillo un perjuicio económico de S/ 75,742.24.

Para el OCI, esto se originó por el accionar de los funcionarios de la comuna provincial, por formular especificaciones técnicas que solo podían ser cumplidas por Nissan y realizar el estudio de mercado sin acreditar la existencia de pluralidad de otras marcas y proveedores.

Sobre este caso, Rocío Taboada Pilco, regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dijo que es evidente el “direccionamiento” hacía una marca específica. “Nosotros habíamos escuchado ese rumor, pero ahora se ha corroborado. Al final, estas camionetas han costado más caro en comparación al precio que estaba en el mercado, y el responsable político de todo esto es el alcalde Elidio Espinoza, porque él es quien designa a los funcionarios involucrados en estos actos irregulares”, manifestó.

En esa línea, el regidor Carlos Fernández Verde lamentó esta situación, ya que, desde su punto de vista, nuevamente se evidencia que los funcionarios que colocó el alcalde están trabajando de manera irregular y dolosa.

“No me extraña esto, porque desde el inicio de la gestión ha sido un tema observado; primero, el retraso en las obras y la baja ejecución presupuestal, porque eso obedece a un tema de direccionamiento, de buscar el cliente, y eso ha pasado sistemáticamente en la gestión de Elidio Espinoza; y obviamente, esta compra no ha escapado a esa realidad”, señaló.

“POR ESO RENUNCIÉ”. La regidora Esperanza Yarlequé comentó que “por cosas irregulares como estas” optó por irse de la organización política que lidera Elidio Espinoza.

“Esto demuestra y deja al desnudo la falta de transparencia y los malos manejos de esta gestión. El OCI se ha demorado en entregar este informe y lo que creo es que el alcalde debe estar comprendido en esta denuncia”, indicó.

Sin embargo, el concejal Pablo Penagos propuso esperar que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo y demuestren si hubo realmente direccionamiento.

“Los órganos de control son proclives a acusar, pero no necesariamente eso resulta ser cierto o probado. El Poder Judicial tiene que pronunciarse”, acotó.