Durante la visita al Complejo Deportivo Mochica-Chimú (ex complejo Chicago) del congresista liberteño de Fuerza Popular, Octavio Salazar ,y el contralor de la región, José Dioses, para inspeccionar el recinto, este reveló las cuatro principales irregularidades que tienen que ver con el proceso de contratación de estudio de factibilidad, impacto ambiental, ejecución de la obra y supervisión de la obra.
CONTRATOS. El informe de auditoría realizado en diciembre del año pasado y presentada ante la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios indica que la obra suscrita el 24 de enero del 2013, entre la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Consorcio Chicago II por un monto de S/ 103 millones 637 mil 779, 21 soles, se encontró que en el proceso de contratación del estudio de factibilidad el “valor referencial era superior al que correspondía, utilizando un documento no fidedigno; contratación de una persona natural que se encontraba impedida de ser participante y postor”.
Además, en el proceso de contratación del estudio de impacto ambiental, se reveló que se contrató a un consultor no autorizado para realizar estudios de impacto ambiental y el valor referencial “superior al que correspondía, utilizando documentación no fidedigna”. Así también, se dio la declaratoria de viabilidad del proyecto sin contar con la calificación ambiental, que fue emitida por un organismo no competente. Además, un perjuicio económico de S/ 41 mil 400 soles, pues ya se le había cancelado los servicios.
MÁS. Eso no sería todo, pues Dioses indicó que en el proceso de contratación de la ejecución de la obra no se realizaron las modificaciones de oficio a las bases, a pesar de haber sido advertidas por el Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE). Informó que la obra se inició sin la presencia del residente, se renovaron las cartas fianzas por montos menores a los adelantos pendientes de amortizar, lo cual ocasionó que más de S/ 7 millones de adelantos no estén garantizados; así como la aprobación valorización que contenía partidas sin sustentos por más de S/ 1 millón y la aprobación de una solicitud extemporánea de ampliación de plazo sin acreditarse la causal invocada.
En torno al proceso de contratación de la supervisión de la obra, apuntó que se admitió la propuesta técnica de un postor a pesar de no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases, además de haber presentado una documentación falsa e, inclusive, se pagó S/ 314 mil 484 por el servicio de profesionales que no laboraron en la supervisión.
CORREGIR. El congresista Octavio Salazar se pronunció respecto al tema y comentó que espera que las autoridades corrijan rápido estas anomalías suscitadas, a fin de que la infraestructura no se pierda.
