Escrito por Johnny Aurazo 

Con el reciente asesinato en Laredo (Trujillo) de cinco personas vinculadas a la minería ilegal e informal, no solo se ha confirmado el nivel de criminalidad que vive La Libertad – 19 homicidios en los primeros 15 días de este año y 168 en el 2019–, sino también la presencia de organizaciones criminales en las zonas de mayor producción aurífera en la región en complicidad con dichos mineros.

VÍNCULOS Según el general PNP (r) Óscar Gonzáles, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, hasta diciembre del año pasado, mineros ilegales e informales vienen “contratando los servicios de bandas delictivaspara que les den protección”.

“Los mineros ilegales y algunos informales no han tenido mejor idea que contratar gente de mal vivir para que puedan respaldarse en su actividad”, indicó.

Gonzáles Rabanal precisó que esta actividad fue identificada en el segundo semestre del 2019, cuando un grupo de inteligencia de la Policía se trasladó hasta la sierra de la región tras “escuchar algunos rumores”.

“La gente que ha salido de los penales ha comenzado a reorganizarse para trasladarse luego hasta estas zonas y operar con los mineros que los contratan. ¿Qué hacen? Los protegen, y cuando se cruzan con mineros [ilegales e informales] de otros grupos, se generan los conflictos. Esto es muy peligroso”, sostuvo.

Entre las organizaciones delictivas que están operando en estas zonas se encuentran “La Jauría”, “Los Pulpos”, “Los Ochenta” y “Los Malditos de El Triunfo”, todas dedicadas a la extorsión y el sicariato en Trujillo.

Las provincias liberteñas identificadas donde operan estas bandas son Pataz, Sánchez Carrión, entre otras.

De acuerdo con Gonzáles, “se conoció también que subió [viajó] gente armada”. “Esto es un peligro potencial o una bomba de tiempo para La Libertad. Cuando el delincuente comience a ver más dinero, va a comenzar a extorsionar al mismo minero y lo va a desplazar si no cede en sus pretensiones. Como consecuencia de ello devendrán las muertes”, añadió.

CADENAUna fuente del Ministerio Público en Huamachuco, capital de Sánchez Carrión, sostuvo que esta situación se produce principalmente por la escasa presencia policial y la geografía agreste de la zona.

Añadió que en el 2019 aumentaron los asaltos a camiones que trasladaban mineral y que en Coigobamba, centro poblado de Huamachuco, “hay acopiadores [personas que compran mineral robado] que bajan estos productos auríferos hasta Trujillo para luego procesarlo”.

La misma fuente agregó que el mineral no llega solo de Pataz u otra zona andina de La Libertad, sino también de Cajabamba (Cajamarca), ciudad de donde precisamente eran dos de las víctimas asesinadas en Laredo.

“Para quien trae mineral de Cajabamba es mejor pasar por Huamachuco por su cercanía con Trujillo”, expresó.

REPOTENCIA Para el coronel PNP (r) Roger Torres, el hampa “está mejorando su modus operandi” no solo en la costa liberteña, sino también en zonas donde se producen oro y otros minerales. “Como la Policía no llega de manera integral a estos lugares, el delincuente está actuando a su libre albedrío ingresando armas de fuego y reagrupándose como mejor le convenga”.

“Además, para nadie es un secreto que la ruta de la minería ilegal se conjuga en algunos lugares con el narcotráfico”, sostuvo.

El presidente de la comisión investigadora de la minería ilegal en el cerro El Toro, el consejero Greco Quiroz, dijo por su parte que detrás de estos mineros hay “grandes patrones que manejan la minería ilegal”.

“Para mí, los responsables de esto son el gobierno nacional, la Dirección de Fomalización Minera y el Ministerio del Interior”, aseveró.