Las autoridades, funcionarios y servidores públicos no pueden expresar sus preferencias políticas ni su respaldo a una agrupación o candidato a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 182-2022-PCM emitido recientemente por el Ejecutivo.

La disposición, que regula el accionar de los funcionarios y servidores públicos en el marco de la neutralidad que establece el Código de Ética de la Función Pública, durante el período electoral 2022, precisa una serie de prohibiciones relacionadas con el uso de la posición o el cargo del funcionario o el servidor en el Estado, y con el uso de los bienes y los recursos públicos, incluido el tratamiento de la información pública.

“El propósito de la norma es mitigar los riesgos asociados a la prohibición de proselitismo político durante las próximas elecciones regionales y municipales y mantener informados a los funcionarios y servidores sobre los impedimentos que rigen durante el período electoral”, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Los funcionarios y servidores públicos que incurran en incumplimiento serán pasibles de las sanciones de amonestación, suspensión de goce de remuneraciones, destitución e inhabilitación conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y a las sanciones establecidas en otras normas que resulten aplicables, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Las prohibiciones

En relación al uso de la posición o cargo, el decreto establece que los funcionarios y servidores deben cuidar su comunicación y no expresar sus preferencias políticas, así como tampoco usar prendas con colores o símbolos que identifiquen agrupaciones políticas y/o a sus candidatos.

Igualmente, deben evitar e impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político y no condicionar, jamás, sus servicios a la ciudadanía por su filiación o simpatía política.

Tampoco pueden emplear su posición, su cargo y su horario de trabajo para influenciar políticamente sobre sus colegas o personas a su cargo. En relación al uso de bienes y recursos públicos, los funcionarios o servidores no pueden exhibir propaganda electoral dentro de la entidad en la que trabajan ni disponer que lo hagan en otra institución pública y deben impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político.

Además, los funcionarios y servidores públicos no pueden condicionar el acceso a información pública ni afectar su contenido por razones o intereses políticos. En esa medida, deben actuar con transparencia y legalidad para garantizar el acceso a la información pública.

De otro lado, los funcionarios públicos, directivos públicos y servidores de confianza deberán abstenerse de expresar opinión sobre algún candidato o agrupación política en contienda de manera permanente y a través de cualquier medio, incluyendo sus redes sociales.

Frente a opiniones o afirmaciones de candidatos que pudieran afectar la imagen institucional de las entidades públicas durante el proceso electoral, cualquiera aclaración sobre el particular podrá efectuarse previa evaluación y por los canales institucionales correspondientes, sin referencia expresa a un candidato o agrupación política.