Recaudo electrónico enfrenta a alcalde, funcionarios y regidores en la MPT

El proceso para implementar el Nuevo Sistema de Recaudo Único Electrónico está envuelto en una estela de sucesos poco claros, a tal punto que ha sido necesario que el pleno de regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) apruebe ayer por unanimidad conformar una comisión especial encargada de revisar el aspecto legal, técnico y económico financiero de este proyecto que tiene como objetivo modernizar el sector Transporte en la ciudad.

Ocurre que algunos regidores sostienen que el alcalde Elidio Espinoza Quispe y el gerente del Transporte Metropilitano de Trujillo (TMP), Carlos Cipriano, no tienen las facultades para haber suscrito el contrato de concesión del Sistema único de Recaudo Electrónico, ya que es atribución del pleno del concejo.

PRÓRROGA. Asimismo, el burgomaestre y el funcionario antes aludido habrían cometido una irregularidad al llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria Recaudo Trujillo SAC, que pertenece a la empresa Graña & Montero, para extender por seis meses más el plazo que les permita cumplir con las condiciones estipuladas en la etapa pre operativa del contrato.

Pero, ¿qué implica la etapa preoperativa de este contrato?

Pues bien, según lo explicado, la MPT y la concesionaria Recaudo Trujillo SAC tenían que cumplir con cinco condiciones precedentes en un periodo de 12 meses, plazo que culminó el 14 de abril del presente año.

LAS CONDICIONES. Ahora bien, lo que no han cumplido la MPT ni la concesionaria es lo siguiente: la comuna tuvo que contratar los servicios del fiducidiario para el fideicomiso de administración.

Una segunda condición es que la concesionaria suscriba un contrato de adhesión al sistema de recaudo electrónico al menos a 1,379 transportistas, que es el 50% de los hombres del volante que trabajan en Trujillo.

En tercer lugar, la MPT tuvo que aprobar el plan de implementación final del Servicio de Recaudo Financiero.

Una cuarta condición es que se haya aprobado la evaluación o declaración de impacto ambiental y, finalmente, la MPT tuvo que poner a disposición espacios físicos e instalaciones para implementar el centro de control de flota al concesionario.

QUE EXPLIQUE. Como ninguna de estas condiciones se habían cumplido, ambas partes acordaron, sin contar con la aprobación del concejo, ampliar el plazo por seis meses más.

Ante esta situación, el pleno de regidores creyó a bien citar ante el pleno al gerente del TMT, Carlos Cipriano, para que explique el porqué se había tomado esta decisión y en qué etapa se encontraba este contrato.

UNA BURLA. Tal lo acordado, Carlos Cipriano se presentó ayer a las 9:00 de la mañana ante el pleno de regidores, pero en vez de generar seguridad y confianza solo provocó más dudas.

Ocurre que los asistentes de Cipriano entregaron a cada uno de los concejales tres hojas en las que estaban resumidas 56 páginas del contrato que está en discusión.

“Esto realmente genera dudas y para nada es transparente”, dijo el regidor Edward Berrocal, a la vez que mostraba los tres papeles que le habían entregado.

Su colega Hernán Aquino calificó la situación como una burla al concejo y una clara falta de respeto al pleno, ya que en un escenario donde se va a discutir los detalles de un contrato, no se puede entregar documentación incompleta.

YA SE HA DISCUTIDO. Quien salió con una versión distinta fue el regidor Pablo Penagos, pues opinó que el contrato ya se había discutido en anteriores sesiones de concejo y lo que Cipriano había traído era una parte del contrato que era pertinente discutir.

A su turno, Cipriano agregó que la cita ante el pleno tenía como objetivo explicar por qué se firmó el contrato con Recaudo Trujillo SAC y el motivo de la ampliación del plazo para cumplir con las condiciones precedentes.

“Se firmó el contrato con Recaudo Trujillo SAC sin acuerdo de concejo porque eso fue recomendado por un funcionario de Proinversión”, señaló.

Con respecto a la aprobación de la prórroga, el funcionario afirmó que es facultad de ambas partes tomar esa decisión, pues no se está alterando en ninguno de sus extremos el contrato.

Ante esta respuestas y sin que la asesora legal pueda aclarar el tema, el regidor Hernán Aquino propuso crear una comisión que revise cada uno de estos puntos.

La comisión la integran los concejales Luis Sánchez Arteaga, Hernán Aquino y Edward Berrocal. Ellos tendrán que emitir un informe con recomendaciones dentro de 45 días.