Si había algo que se pensó ayudaría a encontrar resignación a las familias de las 19 personas que fallecieron en el fatal accidente ocurrido el pasado 23 de febrero, en el distrito de Moche (provincia de Trujillo), era la sanción que recibirían quienes, de alguna manera, propiciaron aquel siniestro, ya que eso tenía que servir como un escarmiento para que nunca más la “criollada”, informalidad y negligencia se confabulen para segar la vida de seres humanos.

Sin embargo, tal parece que hasta eso le han arrebatado a los deudos de los que murieron en el choque entre una combi, un camión furgoneta y una motocicleta, debido a que la sanción que le impuso la gerencia de Transportes y Comunicaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a la empresa de servicio de transporte público, en la que viajaban las víctimas, solo duró 37 días.

PERMISIBLES. Sí, tal como lo lee, el castigo a la empresa Miramar por permitir que la unidad siniestrada transportara pasajeros sin contar con la Tarjeta Única de Circulación (TUC) y que su chofer Carlos Eduardo Merino Galarreta, quien pereció en el trágico choque, esté al volante de la combi -a pesar que no se encontraba habilitado para conducir unidades móviles de servicio público-, se levantó en un mes y una semana después de haber sido impuesta.

LOS HECHOS. Pero, hay que precisar algunas fechas y sucesos para poder recrear el contexto en el que se decide levantar esta sanción a la empresa Miramar.

Primero, el accidente ocurrió el 23 de febrero. No obstante, el 6 de marzo, tras un proceso administrativo, en la que hubo inspecciones y pesquisas, la gerencia de Transportes de la MPT, cuyo titular es José Benites Vargas, firma la resolución N°1024-2017, en la que se resuelve imponer una suspensión precautoria del servicio a la aludida empresa por 90 días.

Esto tras determinarse que la combi siniestrada no contaba con la TUC y que el chofer no estaba habilitado para estar al volante de ninguna unidad de servicio público. El castigo estuvo amparado en la infracción T-51, la misma que califica como “muy grave” el hecho de que empresas de esta naturaleza permitan que vehículos no autorizados transporten pasajeros.

EL PEDIDO. Dos semanas después de recibir la sanción, los directivos de la empresa Miramar ingresan a la gerencia de Transportes de la MPT un pedido de levantamiento de la suspensión de operaciones.

Obviamente, antes de emitir su opinión, los funcionarios ediles de la referida área acuden a la empresa Miramar para inspeccionar y verificar el levantamiento de las observaciones y que se cumpla a cabalidad los requisitos para la prestación del transporte público.

Sin embargo, los inspectores señalan en un informe que las observaciones hechas se están “levantando de manera paulatina”. Es decir, aun había requisitos que se estaban cumpliendo, pero que era suficiente para levantar la sanción.

A LAS PISTAS OTRA VEZ. Es así que el 12 de abril, la gerencia de Transportes de la MPT emite la resolución gerencia Nº 1380-2017, firmada por el propio José Benites, en la que se resuelve dejar sin efecto la sanción contra la empresa y abre las puertas para que sus unidades vuelvan a ofrecer el servicio de transportes de pasajeros.

SORPRENDIDO. Sobre el particular, el regidor oficialista Anthony Novoa Cruzado dijo estar sorprendido por el levantamiento de la sanción a la empresa Miramar, ya que desde su punto de vista había incurrido en una falta administrativa muy grave.

“Esto es preocupante porque esta medida correctiva que se ha aplicado a esta empresa, también podría aplicarse a otra cuando ocurra un accidente de esa naturaleza. Esto no puede pasar tan suavemente. Yo creo que se debió aplicar mano dura y firme porque no se debe permitir este tipo de acciones, ya que esto debió servir como ejemplo para que otras empresas no hagan los mismo al permitir que vehículos sin autorización operen”, enfatizó.

El concejal aclaró que este tema lo ha visto directamente la gerencia de Transportes y nada ha tenido que ver la comisión de Transportes que él preside.

QUÉ EXPLIQUEN. En tanto, el regidor Carlos Fernández Verde exhortó al gerente de Transportes, José Benites, a que salga y explique a la opinión pública bajo qué procedimiento administrativo se resolvió levantarle la sanción a la empresa Miramar.

“Qué diga bajo qué ordenanza o reglamento ha decidido sancionar solo con 30 días. Me parece demasiado benevolente darle ese castigo a alguien que ha cometido tremenda irresponsabilidad”, mencionó.

INSENSIBILIDAD. Fernández Verde lamentó la insensiblidad por parte de la autoridad, pues muchas veces con el simple pago de multas se levanta sanciones y no se toma en cuenta el dolor y sufrimiento de las familias de los fallecidos. “Voy a pedir a Anthony Novoa, presidente de la comisión de Transporte, que se informe sobre esto”, acotó.