Luego de que en el 2015 aprobaran la iniciativa privada “Sistema integrado de recaudo y control de flota para el transporte público” presentada por la empresa Graña y Montero (GyM), y ante el pedido de los transportistas de anular la misma por sus presuntos vínculos con Odebrecht y el pago de sobornos, los regidores provinciales anunciaron que evaluarán la referida concesión.

ANALIZAN. Al respecto, el regidor de oposición, Carlos Fernández Verde, indicó que evaluarán con la Comisión de Transportes del concejo el tema legal y técnico de esta concesión que debía durar 20 años.

“Aún no lo hemos visto porque recién se está conociendo, pero tendríamos que evaluarlo. Si la empresa estaría involucrada, definitivamente afectaría su participación, pero habría que evaluar cuáles serían los pro y los contra. Si Odebrecht ha estado en esto, bien complicado que la empresa Graña y Montero no haya conocido de esto. La comisión va a tener que evaluar y ver qué implicancias podría tener”, detalló.

Por su parte, la regidora oficialista Liseth Ruíz Julián dijo desconocer el tema, pero se informarán para poder tomar una decisión acertada.

“En cuanto a vínculos, si es por un tema de transparencia, definitivamente se tiene que evaluar, pero a mí me gustaría informarme más sobre este tema para ver si procede legalmente. Una cosa es lo que el señor Orlando Villanueva (dirigente transportista) quiera, y otra lo que se tenga que realizar para el caso. Vamos a evaluarlo”, dijo.

Finalmente, el exregidor Dante Chávez Abanto precisó que los regidores deben tomar una buena decisión técnica, legal y bien documentada para evitar problemas en adelante.