El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, nos ha enviado una carta notarial en respuesta a la columna de opinión que publiqué en este mismo espacio el lunes 13 de marzo, bajo el título de: “El alcalde y el pago de S/ 2 millones”.
En su carta, Arturo Fernández me insta a rectificarme, pues sostiene que “no es cierto” que el mencionado pago efectuado a la Contratista Consorcio Vial del Norte “se haya hecho en tiempo récord y tampoco es cierto que cuente con observaciones de Contraloría, mintiéndose y causándole suspicacia a los lectores”. Seguidamente, señala en su carta que dicho abono “se hizo dentro de los plazos y del marco que establece la ley; en consecuencia, no es cierto que el suscrito miente sin un ápice de vergüenza”. Voy a empezar por esto último. Sí, escribí, en efecto, que el alcalde miente sin un ápice de vergüenza, pero lo hice al referirme a lo que dijo en ese video que él mismo transmitió en su cuenta de Facebook el pasado 10 de marzo. En ese video, Arturo Fernández afirmó que el periodista Johnny Aurazo, que pertenece a esta casa editora, habló con él y le dio quejas sobre supuestos incumplimientos de pagos de sueldo. Esto es falso. Y por ese motivo Johnny Aurazo le ha remitido una carta notarial para que se rectifique. De eso no dice nada el señor alcalde.
Podríamos decir que la gestión actuó conforme a los procedimientos. Pero también que omitió acciones para llegar a ese desembolso. De lo contrario, el alcalde no habría pedido tantas explicaciones a sus funcionarios (algunos ya cambiados), tal como lo ha hecho en estos días. La misiva de Fernández es interesante y reveladora. Sostiene ahí que el 28 de setiembre de 2022, en la gestión de José Ruiz, se aprobó la liquidación de la obra. Indica que el 31 de diciermbre de 2022, el último día del año, se realizó el devengado. El 5 de enero ingresó el pedido a la Subgerencia de Tesorería, y esta la derivó a la Gerencia de Obras para que haga una verficación de los trabajos hechos y dé el visto bueno a través de un informe. Así, según el mismo alcalde relata, el 31 de enero, el último día de plazo para dicho pago, la Subgerencia de Obras y Supervisión, así como la Gerencia de Obras Públicas, emiten sendas resoluciones en las que indican que todo está consentido, no hay observaciones de ninguna parte, así que da la luz verde para el desembolso. Como se puede ver, dichas gerencias no habrían hecho ninguna inspección ni evaluación, pues solo dieron pase a lo que ya había sido aprobado en la anterior gestión y así se pague en ese mismo día. ¿Esa es la forma que tiene esta gestión para defender la plata y los intereses de los trujillanos? Para justificar esa acción Fernández recurre al numeral 17.4, artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, que establece : “El Devengado formalizado y registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente”. Pero esta norma no es imperativa: dice “se podrá pagar”. Hay devengados que llevan años de espera en la municipalidad.
Y por último, en mi referida columna yo nunca mencioné a Contraloría. Sí hablé de observaciones, pero en su acepción genérica. La gestión de Fernández bien pudo preguntar para saber que hay, por ejemplo, una observación de Sedalib para la ejecución de dicha obra. ¿Y por qué no le pregunta el alcalde a los mismos vecinos de Natasha, donde hasta hoy se asombran del pago ante una obra que consideran anómala?