Sanciones administrativas a cuadros de César Acuña
Sanciones administrativas a cuadros de César Acuña

Dos de los siete candidatos al Congreso de la República por  (APP), ambos presentados como los más “apreciados” cuadros de su líder César Acuña Peralta en la región La Libertad, han recibido sanciones administrativas por supuestos malos manejos en sus funciones cuando ejercieron cargos públicos, según un informe publicado por Ojopúblico.

Se trata del exgobernador de la región La Libertad, Luis Valdez Farías, quien el 2019 fue suspendido por la Contraloría por 360 días en sus funciones de gerente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cargo que había, obviamente, ocupado años atrás.

Aunque Ojopúblico señala que al emitirse con retraso el dictamen de Contraloría no tuvo efectos prácticos para el hoy candidato, este ha sostenido que fue un recurso de apelación el que dejó sin efecto su sanción. Ayer volvimos a tratar de comunicarnos con Luis Valdez para tener acceso a esa resolución, pero dijo no tenerla a la mano y se comprometió a hacerlo en los siguientes días.

Esto último tal vez no ocurra pues el ente que declaró infundada su apelación a la suspensión de 360 días es la máxima instancia en la Contraloría.

En Ojopúblico también reveló que Valdez registró un inmueble ubicado en la avenida Juan Julio Ganoza 165 (Urbanización Fátima, Trujillo) como domicilio fiscal en la Sunat. En esta dirección también se encuentra la sede de la compañía Servicios Complementarios American Services S.A.C, que el año pasado ganó cuatro contratos con la Región, S/47,679.

El gerente de la empresa era Mario Reyna Rodríguez, militante de Alianza Para el Progreso y amigo de Valdez, aunque este último ha dicho no conocerlo, pese a haber trabajado durante la primera gestión de César Acuña como alcalde de Trujillo en el 2007.

El otro candidato es Juan José Fort, quien fue presidente del Consejo Regional del Deporte (CRD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD). En junio de este año, esta entidad separó del cargo al hoy candidato al Congreso imponiéndole tres sanciones administrativas distintas por 90, 180 y 365 días de inhabilitación.