Tres municipios no entregan informes de transferencia ante Defensoría del Pueblo
Tres municipios no entregan informes de transferencia ante Defensoría del Pueblo

A tres semanas para culminar la gestión y próximos a la renovación de autoridades locales, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a los diferentes municipios provinciales y distritales de  la entrega de los respectivos informes de transferencia, con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos municipales para los ciudadanos.

La preocupación por parte de la Defensoría del Pueblo surge frente a la afectación que pudiera darse a los derechos fundamentales de la población a causa de la falta de continuidad en la prestación de servicios de limpieza, gestión de residuos sólidos, seguridad ciudadana, fiscalización y supervisión de seguridad de edificaciones, ello considerando el actual contexto en el que se renovarán las autoridades regionales y locales.

El personal de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad ha solicitado a las autoridades salientes su reporte de logros de gestión, los temas pendientes y su situación actual, teniendo en cuenta que tienen el deber de asegurar la continuidad de la prestación efectiva de los servicios públicos garantizando recursos humanos y materiales hasta el último día de sus mandatos.

De todo lo recabado por la Oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad los municipios que han cumplido con la entrega de sus informes son las comunas provinciales de Trujillo, Otuzco, Gran Chimú, Chepén, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Julcán, Virú y las distritales de El Porvenir, Moche, Huanchaco, Florencia de Mora, Poroto, Laredo, Simbal, Salaverry y Víctor Larco.

En tanto, los municipios de Ascope, Santiago de Chuco y La Esperanza no han cumplido hasta ahora con presentar sus respectivos informes de transferencia.

Cabe precisar que cada informe contiene el reporte de las obligaciones municipales en seguridad ciudadana, limpieza pública, supervisión de seguridad de edificaciones, normativa sobre integridad pública y prevención de la corrupción y en materia de propaganda electoral, publicidad estatal y deber estatal de neutralidad.

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