Trujillo: Acusación y demanda en la inspección laboral

En el ojo de la tormenta. Así se encuentra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en La Libertad, luego de que se denunciara que al interior de dicho ente existiría presunto tráfico de influencias y lobby por parte de algunos de sus funcionarios.

La acusación fue señalada por Miguel Fernández Jáuregui, abogado de un grupo de trabajadores de la empresa Cartavio S.A.A.

PRECISIONES. El tema parte de una denuncia que hicieron, el año pasado, más de 300 empleados contra dicha empresa, ante Sunafil, con relación a sus pedidos de mejores condiciones de trabajo, seguridad y salud; y que tras la inspección del ente fiscalizador laboral, se concluyó que no hubo infracción alguna de parte de Cartavio S.A.A., poniéndose en tela de juicio un informe firmado por dos inspectores de Sunafil en la región.

CRONOLOGÍA. El 25 de noviembre de 2014 se presenta ante la Gerencia Regional de Trabajo la denuncia contra Cartavio S.A.A., por presunta “infracción al ordenamiento jurídico socio laboral, a las normas de seguridad y salud en el trabajo, en las distintas áreas” de dicha empresa, se lee a la letra.

Por este informe es que piden que se haga una visita inspectiva de investigación por parte de los inspectores de trabajo a la agroindustria. Dado que el 2 de diciembre de ese mismo año se crea Sunafil en la región, toda la denuncia pasa, ese mismo día, al ente fiscalizador, para que luego se haga tal labor que fuera solicitada con firmas incluidas por 371 trabajadores de la agroindustrial.

RECLAMOS. Cabe precisar que entre los pedidos que hacían los trabajadores se señala que la empresa Cartavio “no les proveía de bloqueadores solares, ni sombreros a los obreros de campo y conductores de trailers”.

Además, que Cartavio S.A.A. no había “eliminado los factores de riesgo del trabajo nocturno”, indicándose que para la cosecha, el área de intervención “no cuenta con iluminación artificial suficiente, no se cuenta con comedores ni servicios higiénicos móviles, ni tampoco con agua potable”, se lee.

Entre otros puntos de los reclamos, se refiere que los obreros que trabajan con herbicidas ponen en riesgo su salud, dado que “no hay agua potable para asearse, ni para consumir sus alimentos, no hay comedores móviles, teniendo que regresar con la misma ropa, impregnadas por las sustancias pesticidas, poniendo en riesgo la salud de sus familias”, se argumenta en la misiva.

PRIMERA CONCLUSIÓN. Ahora, el pasado 6 de febrero de 2015, tras una inspección a la citada empresa ubicada en el distrito de Santiago de Cao (Ascope), Sunafil de La Libertad concluye que Cartavio S.A.A., “no ha incurrido en infracciones sociolaborales, respecto de las materias detalladas en la parte II del presente informe (agentes físicos, temperatura, radiaciones, comedor, vestuario, servicios higiénicos, identificación de peligros y evaluación de riesgos, y otros), respecto de sus trabajadores con derecho, y sobre la base de la documentación e información analizada”, se precisa.

Cabe indicar que dicho informe fue firmado por el inspector de trabajo de la Sunafil La Libertad, Luis Ferrer Sánchez, y su inspector auxiliar, Richard Avila Morillas.

De este modo, se exime de alguna responsabilidad a la empresa Cartavio S.A.A., situación que no dejó conforme a los más de 300 trabajadores de la referid empresa ni a sus asesor legal.

OBJETA. Al respecto, el abogado Miguel Fernández sostuvo que ese informe “no obedece a la realidad” en la que viven los obreros de la agroindustrial, argumentando que ambos inspectores “favorecieron” a Catavio S.A.A.

“Es algo inaudito. Ese inspector (Luis Ferrer) no tiene las condiciones idóneas para ejercer dicho cargo de inspector de trabajo; y tengo conocimiento que Sunafil nacional ha comisionado a un inspector de Lima para que verifiquen la veracidad de estos informes. Tal es así que esa inspección del funcionario de Lima ha constatado lo que se había expresado en el informe del señor Ferrer, que no se ajusta a la verdad”, detalló.

SEGUNDA INSPECCIÓN. Tras la inspección hecha por Ferrer Sánchez -en febrero- se conoció que luego de ello, el 15 de junio de 2015, Sunafil genera otra orden de inspección, la N°1331-2015, contra la empresa Cartavio S.A.A..

Para tal diligencia se comisionó a los auxiliares Richard Ávila Morillas, Dick Crosby Rubiños, Laura García Rodríguez, Percy Angulo Mujica, y al inspector- supervisor, Luis Ferrer Sánchez, para que procedan a realizar el acto inspectivo de fiscalización en materia de seguridad y salud.

Durante el peritaje inopinado, según algunas de las conclusiones de la misma Sunafil, se halló algunas irregularidades que fueron denunciadas desde el inicio por los trabajadores de Cartavio S.A.A.

Sin embargo, casi un mes después, el 6 de julio de este año, en Sunafil se hace un proveído (N° 2 -SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI) respecto a la orden de inspección realizada la quincena de junio.

LOS ESPOSOS. En el citado documento se precisa que durante la inspección a la empresa agroindustrial asiste como representante de Cartavio S.A.A. la abogada Érica Solead Tapia Merino, quien resultó ser la cónyuge del inspector - supervisor Luis Ferrer Sánchez, personaje comisionado por la Sunafil.

En el documento aclaran, de acuerdo a ley, las prohibiciones de los inspectores en ciertas circunstancias. Por ejemplo, refieren que estos “no pueden participar en inspecciones cuando medie relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el empleador o los trabajadores de la empresa a verificar”.

Por tales precisiones, en el proveído se pide la abstención del inspector-supervisor Luis Ferrer, remarcándose que la Intendencia Regional de La Libertad de Sunafil solo cuenta con un inspector de trabajo, el mismo que es ejercido por Ferrer Sánchez, por lo que se se dispuso el cierre de la inspección a Cartavio S.A.A. y trasladar todos los actuados a la Intendencia Nacional de Sunafil para que resuelva.

MUTIS. Correo visitó al inspector Luis Ferrer en la sede de Sunafil en Trujillo, pero a través del personal de vigilancia dijo que no iba a declarar. Hicimos lo propio con el intendente regional, Walter Yangali, pero tampoco quiso declarar.

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