La Fiscalía interpuso acusación contra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales por el presunto delito de peculado en agravio del Estado.

En el requerimiento también fueron incluidos siete exfuncionarios del hoy encarcelado exburgomaestre, los mismos que volverán  al banquillo de los acusados en una próxima audiencia.

Cabe mencionar que, después de casi 7 años, el Ministerio Público solicita que se instale un juicio para los presuntos responsables de haber desviado dinero de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) para cubrir los gastos de la campaña de reelección de Torres durante el año 2014.

Apropiación

El delito que se atribuye es el de peculado por apropiación.

Además de Torres, entre los investigados figuran: Carlos Santa Cruz Alarcón (exgerente de Imagen Institucional), Jorge Matallana Peralta (exadministrador),  Fernando Fernández Bravo (extesorero), Segundo Alcántara Chávez (exjefe de Logística), Carlos Mendoza Oliden (exgerente de Infraestructura), Víctor Pérez Bracamonte (excoordinador de alcaldía) y Juan Allasi Canessa (extesorero).

Las indagaciones concluyen que Santa Cruz, después de haber solicitado anticipos vía tramitación de vales, por la suma de S/ 168 371, procedió a utilizar este dinero para costear parte de las actividades proselitistas de Torres, quien entre los meses de julio y setiembre del 2014 postulaba por tercera vez a la alcaldía de Chiclayo por el Movimiento Regional de las Manos Limpias.

De acuerdo a los informes y facturas obtenidas por el Ministerio Público, el dinero se distribuyó de la siguiente manera: Primero fueron los pagos a la empresa América Televisión- Filial Chiclayo por el concepto de publicidad a favor del referido candidato.

Luego se destinó dinero por la contratación de espacios publicitarios en el diario La República, y el alquiler de un globo aerostático.

Finalmente, se realizaron diferentes pagos a periodistas de la ciudad, para frenar la contracampaña política contra Torres Gonzales, el cual era cuestionado por denuncias sobre presunta corrupción en sus gestiones.

Para citar un caso, Santa Cruz, valiéndose de su cargo de gerente de Imagen Institucional, utilizó dinero de la Caja Chica de la municipalidad para firmar el contrato de publicidad con América Televisión, que tuvo un costo de S/ 61 mil.

Penas

Según la responsabilidad que recaería en cada acusado, la Fiscalía propone 10 años de cárcel para Roberto Torres y  para Carlos  Santa Cruz, e igual periodo de inhabilitación para ejercer un cargo público para ambos.

Mientras que para Mendoza, Alcántara, Matallana y Pérez el Ministerio Público solicita 6 años de cárcel para cada uno, y el mismo tiempo de inhabilitación para acceder a un cargo público.

La situación de los extesoreros Juan Allasi y Fernando Fernández es más complicada, ya que el despacho fiscal propone 9 años y 10 años de cárcel, respectivamente.

La inhabilitación propuesta es por el mismo tiempo de las condenas.

A través de una reciente disposición el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Reynaldo Leonardo Carrillo  programó la audiencia de control de acusación para el próximo lunes 2 de agosto a partir de las 9 a.m.

La finalidad es que las partes conozcan a detalle el pedido de la Fiscalía.

Asimismo los abogados de la defensa tendrán la oportunidad de plantear observaciones y sustentar pedidos de sobreseimiento para el archivamiento definitivo de la investigación, que, como se recuerda, surgió luego de la desarticulación de la red criminal ‘Los limpios de la corrupción’.

Es Carlos Santa Cruz quien jugó un papel importante en la obtención de los anticipos.

Durante un juicio anterior, dicho exfuncionario reveló que Torres solicitó entre S/ 80 mil y S/ 90 mil para contratar artistas modelos y comediantes para animar su cierre de campaña.

La imputación sobre los demás implicados, que integraban la red criminal, señala que estos recibieron la orden de Torres para  solicitar y obtener, en función de su cargo, vales de la MPCH para la campaña de Manos Limpias.

Es así que se encargaban de solicitar dinero a las oficinas de Logística e Imagen Institucional para financiar actividades en pueblos jóvenes y distritos,

El exalcalde prefería utilizar el dinero de la comuna edil en lugar de los ‘diezmos’ que había cobrado a los empresarios del sector construcción, que ganaron las licitaciones de varios proyectos, según declaró Santa Cruz en un anterior juicio.