La morgue de Chiclayo se ha convertido en un foco de contaminación, lo que representa un riesgo para la salud de trabajadores y demás personas que recurren a este servicio.

Un detallado informe de la Gerencia Regional de Control advierte que, durante los años 2021 y 2022, el personal de la entidad efectuó 644 necropsias sin que se cuente con el equipamiento necesario o que estén en óptimo estado.

En ese mismo periodo se efectuaron los exámenes toxicológicos, biológicos y patológicos sin el personal suficiente para el número de casos, equipamiento e insumos necesarios, lo que puso en riesgo la integridad de las muestras.

Otro problema identificado es que la Unidad Médico Legal dilata los dictámenes periciales de exámenes auxiliares contribuyendo a la demora en la emisión de los informes periciales de necropsia médico legal.

El informe de auditoría Nº 040 -2023 (correspondiente al período del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022)  informa que durante el ingreso y admisión de cadáveres para la respectiva necropsia se presentaron situaciones en las que la documentación establecida para su ejecución no se encontraba archivada en las carpetas correspondientes lo que podría generar confusión en la gestión de entrega de los cuerpos.

Pese al esfuerzo del Ministerio Público para destinar más recursos, esto no se ha traducido en cambios. En el 2022, la institución declaró en emergencia el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Ese mismo año, reporteros de Correo informaron que las cámaras de refrigeración donde estaban seis occisos que no habían sido reclamados por sus seres queridos desde hace meses, tuvieron desperfectos y dejaron de funcionar. Por lo tanto, la descomposición de los fallecidos se aceleró y el olor nauseabundo se percibía en los exteriores.

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